Egipto crea un comité para revisar casos de civiles condenados por militares

El Cairo, 4 jul.- El presidente egipcio, Mohamed Mursi, ordenó hoy formar un comité que revise los casos de los civiles condenados por la Justicia Militar tras la Revolución del 25 de Enero de 2011, una de las demandas de los activistas y defensores de derechos humanos.

El decreto presidencial, difundido por la agencia oficial Mena, incluye a todas las personas condenadas en tribunales castrenses desde las protestas que derrocaron a Hosni Mubarak hasta el día en que Mursi asumió la Presidencia, el pasado 30 de junio.

El comité también revisará los casos de los revolucionarios que fueron condenados por la justicia ordinaria durante ese mismo periodo y, en general, la situación de todos los detenidos en estos 16 meses.

La decisión presidencial estipula que todos los órganos estatales competentes tienen la obligación de entregar la documentación de interés en su poder a esa nueva instancia para ayudarla en su trabajo.

El comité, que presentará un primer informe a las dos semanas del inicio de su labor, estará integrado por un asistente del Fiscal General, un representante de la Fiscalía de la Seguridad del Estado, los responsables del Servicio de Prisiones y la Seguridad Pública y el vicedirector de la Justicia Militar.

También participarán en esa comisión representantes de la sociedad civil y jóvenes de la revolución.

La formación de este órgano coincide con el descontento expresado hoy por cerca de una veintena de ONG sobre el plan de Mursi, que en sus primeros cien días en el gobierno excluye cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

Esas organizaciones dijeron que el presidente debería solicitar a la Justicia Militar que traspase a la Fiscalía Pública los casos de civiles que ha estado juzgando y suspenda la aplicación de penas de prisión o de muerte para los menores de edad.

Se calcula que más de 12.000 civiles fueron juzgados por tribunales castrenses en Egipto entre febrero y septiembre de 2011, mientras continuaban la represión de las protestas y las torturas en comisarías y cárceles, según los grupos de activistas, que exigen un cambio de política para garantizar los derechos humanos en el país.