Ejecutivo y Judicatura turca siguen enfrentándose por los casos de corrupción

Ilya U. Topper

Estambul, 7 ene.- La partida de ajedrez en la que el Gobierno y la Judicatura turca llevan semanas atacándose tuvo hoy un nuevo movimiento de piezas, al ordenar el Ejecutivo el traslado de cientos de policías en lo que parece un intento de bloquear las investigaciones por corrupción.

En una "operación de medianoche", como la tildó el diario "Cumhuriyet", el Ministerio de Interior destituyó de sus funciones a 350 agentes en Ankara, entre ellos unos 80 comisarios, y los reemplazó con nuevos agentes, la mayoría llegados de otras ciudades.

Horas más tarde, en una "operación de madrugada", se produjo otro movimiento en la Fiscalía de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, con el arresto de 25 personas, en un nuevo golpe contra supuestas redes de soborno y manipulación de licitaciones.

Entre los detenidos se hallan ocho altos cargos de la empresa pública de ferrocarriles, según confirmó la compañía.

A mediodía, los tres comisarios de Esmirna responsables de esa operación fueron destituidos, informó la emisora CNNTürk.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el aparato judicial, que cuenta con las fuerzas policiales como brazo ejecutor en sus investigaciones, se ha evidenciado desde que la Fiscalía de Estambul lanzó el pasado 17 de diciembre una operación anticorrupción de gran alcance.

Los hijos de los ministros de Interior, Economía y Urbanismos fueron arrestados en aquel operativo, aunque el juez decretó luego prisión preventiva para los dos primeros, mientras que el tercero quedó en libertad con cargos.

En los días siguientes, los ministros afectados, más el de Relaciones con la UE, dimitieron, y otros seis fueron sustituidos, al mismo tiempo que muchos mandos policiales implicados en la operación fueron trasladados o suspendidos de sus funciones habituales.

Un total de 1.700 agentes han sido ya relevados, entre ellos 200 altos mandos, según el recuento de la web Memurlar.net, dedicada al funcionariado turco.

"Todos estos cambios afectan a las unidades de Policía que investigan casos de corrupción; se hace específicamente para prevenir operaciones anticorrupción", dijo hoy a Efe el diputado del partido opositor CHP y exmiembro del Comité Anticorrupción del Parlamento Aykut Erdogdu.

"Nos preocupa, porque así se ocultarán las pruebas de los delitos", denunció Erdogdu.

Un jefe de Policía retirado, que prefirió no dar su nombre, corroboró a Efe que los traslados han afectado a la labor policial.

"Trasladar y reemplazar a tantos agentes en un solo día es algo inimaginable; estas personas ni siquiera saben por qué se les cambia de funciones; no se les acusa de ninguna falta concreta", añadió.

Este antiguo mando apuntó que, aunque no se habla de ello abiertamente, "todo el mundo sabe que el Gobierno traslada a los agentes que cree conectados con la 'Cemaat'", la red de seguidores del predicador islámico Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, antiguo aliado del Gobierno y ahora enfrentado abiertamente a él.

"Se sabía que la 'Cemaat' tiene una red dentro de la Policía y al Gobierno no le preocupaba, es más, los promocionaba. Pero ahora se han convertido en el objetivo", reflexionó el agente retirado, que estuvo 35 años en el cuerpo.

"Ahora, antes de dar un paso, cualquier comisario se lo pensará diez veces: ya no actuará movido por sus principios y la ética de trabajo, sin antes buscar una autoridad que le dé el visto bueno. Esto paralizará pronto toda la institución policial", concluyó.

De hecho, una circular de Interior emitida días después de la primera operación anticorrupción exigía que se informara a los superiores antes de llevar a cabo un arresto ordenado por la Fiscalía, una cortapisa después declarada inconstitucional por el Danistay, la máxima autoridad de la Judicatura turca.

El primer ministro, el islamista Recep Tayyip Erdogan, negó el domingo que el Gobierno manejara una lista de 2.000 personas "vinculadas a una organización", como había asegurado un diputado de su partido días antes.

Pero ya en diciembre prometió "erradicar las bandas que operan bajo la fachada de la religión" para "establecer un Estado paralelo", en obvia referencia a la red de Gülen, quien, por su parte, negó toda relación con las investigaciones anticorrupción.