Tijuana (México), 2 abr.- El Ejército sostuvo hoy que cuatro ciudadanos mexicanos cuyas familias han llevado su caso al Comité contra la Tortura de la ONU están relacionados con una célula criminal dirigida por Ángel Jacóme Gamboa, alias "El Kaibil", un operador del cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
En declaraciones a Efe el general Alfonso Duarte, al frente de la II Región Militar, con sede en el estado de Baja California, noroeste de México, indicó que al ser arrestados en 2009 los detenidos tenían consigo a una persona secuestrada.
Los hechos ocurrieron el 16 de junio de aquel año, cuando fueron arrestados por militares encapuchados en Tijuana y Rosarito, en el estado de Baja California, cuatro personas en dos acciones distintas.
Su captura sucedió tres meses después del arresto de "El Kaibil", quien había caído en manos de las autoridades en una fiesta de quince años.
Los cuatro detenidos son los hermanos Ramiro Ramírez Martínez, alias "El Rambo", su hermano Rodrigo, alias "El Gordo", Orlando Santaolaya, alias "El Chuletas", los tres arrestados en Tijuana, y uno más en Rosarito identificado como Ramiro López Vásquez.
A "El Rambo" en particular se le vincula con el asesinato del policía Christian Castro, y con varios secuestros y asesinatos.
En los arrestos, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se decomisaron al grupo 17 armas largas y 4 cortas; 278 cargadores; 14.642 cartuchos útiles, 3 vehículos, y 27 chalecos antibalas.
El pasado 16 de marzo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), elevaron el caso al comité de Naciones Unidas, que aún debe decidir si lo acepta o no.
Familiares de tres de los cuatro implicados denunciaron que los detenidos por personal militar encapuchado, torturados y después mantenidos aislados en viviendas particulares en situación de "arraigo" (arresto preventivo).
Todo lo anterior fue negado por las autoridades militares de Baja California y el propio general Duarte, quien además dijo desconocer que esta acusación haya sido interpuesta ante la ONU.
El mando militar recordó que la institución castrense carece prácticamente de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, y señaló que en los casos en que existen, las mismas se han corregido de inmediato.
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