El 1,35% de la población española sobrevive de las rentas mínimas de inserción


La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales afirmó este jueves que en cuatro comunidades autónomas se ha reducido el número de personas que se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción (RIM), gracias a las cuales sobrevive el 1,35% de la población española.
Según informó en una nota la asociación, se trata de datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) en el año 2013.
Destaca el importante incremento registrado respecto al año anterior, pasando de 554.127 a 637.573 las personas que tienen que sobrevivir con estas Rentas Mínimas. Ello supone un incremento de 83.446 personas de un año a otro y confirma la tendencia creciente en los últimos años.
Esta situación es consecuencia del incremento de necesidades de subsistencia en España por el desempleo, así como la pérdida de prestaciones y subsidios que van generando las situaciones de paro de larga duración.
Las diferencias entre comunidades se pueden calificar, a juicio de esta asociación, de “escandalosas”. En Euskadi se benefician de estas rentas 62,1 personas por cada mil habitantes y en Navarra 49,3, mientras que en Extremadura sólo las reciben 2,9 personas por cada mil habitantes y en Castilla-La Mancha 2,7.
Además, cuatro de las cinco comunidades autónomas con menor cobertura de RIM son las únicas que han reducido esta cobertura en 2013 en relación con el año 2012.
GARANTIZAR LAS NECESIDADES BÁSICAS
Según los datos facilitados por la asociación, la cuantía media por titular de la RMI en España representa un 15,0% de la renta media por hogar, aunque en este caso también existen notables diferencias según regiones. Por ejemplo, en Asturias la cuantía media por perceptor representa el 18,8% de la renta media por hogar, y en Extremadura un 6,6%.
La asociación destacó que estas RIM representan para miles de personas sus únicos ingresos periódicos, al no percibir salario, prestación por desempleo, subsidio o pensión.
Por ello, considera “imprescindibles” estas rentas para garantizar las necesidades más básicas de subsistencia para todos los ciudadanos, lo mínimo que el Estado puede “ofrecer a sus ciudadanos en momentos como los actuales”.

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