El cermi aplaude a la fiscalía por suavizar la restricción del derecho a voto de las personas con discapacidad


El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) consideró este miércoles que la instrucción de la Fiscalía General que ordena suavizar la restricción del derecho a voto de los ciudadanos con discapacidad es "positiva", pero añadió que el problema está en la Ley Electoral, que "discrimina".
El Cermi hizo estas consideraciones tras conocer la instrucción de la Fiscalía General del Estado que insta a los miembros del Ministerio Fiscal a no pedir, salvo en casos extremos, la privación del derecho de sufragio en el caso de personas con discapacidad sometidas a procesos de incapacitación.
Para la plataforma representativa de los españoles con discapacidad, el texto de la Fiscalía "es un paso adelante", si bien "el verdadero problema radica en la legislación electoral vigente, que permite este ataque a los derechos humanos de esta parte de la ciudadanía".
La solución, a juicio del Cermi, pasa por modificar "con urgencia" la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, "que mantiene un trato desigual y discriminatorio por razón de discapacidad, contrario a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
Así, prosigue el comité, la legislación electoral vigente en España permite que se prive del derecho del sufragio, activo y pasivo, a las personas incapacitadas judicialmente, siempre que la sentencia que declara la incapacitación lo prevea expresamente.
Esta posibilidad, añade, también se extiende a las personas internadas en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento, siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.
Esta privación de derechos fundamentales, que puede afectar fundamentalmente a personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, carece de sentido desde una visión de los derechos humanos "y entra en clara contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España", finaliza el Cermi.

Mostrar comentarios