El cermi denuncia pasividad del ministerio de justicia en la regulación de la capacidad jurídica

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, denunció este sábado el "riesgo" de que el Ministerio de Justicia no sea consecuente con los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que España es parte, y realice una reforma "puramente cosmética" del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para parecer que se actúa de acuerdo con el tratado internacional de la discapacidad.
En un foro con unos 80 directivos y gerentes de Down España, celebrado en Madrid, el representante del Cermi expresó el temor del movimiento social de la discapacidad a que Justicia se limite a plantear "modificaciones menores en la regulación de la capacidad jurídica", "sin entrar en el fondo de la cuestión, que pasa por derogar cualquier sistema o proceso que merme o restrinja la radical igualdad jurídica de las personas con discapacidad".
El comité afirma que el artículo 12 de la Convención Internacional es taxativo y no admite cesiones o interpretaciones tibias: no son aceptables y tienen que ser derogados los sistemas como el de la incapacitación judicial, vigente en España, que permiten la sustitución de una persona con discapacidad por otra en la toma de decisiones referidas a su ámbito personal o patrimonial.
"No cabe la sustitución", opina Pérez, porque "destila paternalismo, sino que hay que establecer, cuando sean precisos, sistemas de apoyos para la toma libre de decisiones".
Para el representante del CERMI, la actuación del ministerio que dirige Francisco Caamaño es "decepcionante" para la discapacidad organizada, ya que está "obrando sin diálogo ni debate previos con la representación de la ciudadanía legitimada para ello", y "aferrándose a tesis y planteamientos claramente superados, que parecen querer dejar todo más o menos como está, con cambios meramente estéticos".