El CGPJ pide limitar el uso de las lenguas cooficiales en el Registro Civil

Madrid.- El Consejo General del Poder Judicial ha alertado de los "inconvenientes" que plantea que el anteproyecto de ley del Registro Civil permita las inscripciones "en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado" y pide que su uso se circunscriba a las Comunidades Autónomas donde ese idioma tenga oficialidad.

La Comisión de Estudios del CGPJ se pronuncia así, en un informe que el pleno de este órgano estudiará el próximo jueves, sobre el artículo 37 del anteproyecto de ley, que establece que "los ciudadanos que insten la inscripción de un hecho o acto en el Registro Civil podrán solicitar que el mismo se practique en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado".

El Consejo cree que esa previsión legal supone "la plasmación del principio de ultraterritorialidad en materia lingüística que resulta ser extravagante en el ordenamiento jurídico docente" y advierte del "importante esfuerzo para la dotación de los medios materiales y personales que resulten necesarios" para hacer efectivo ese derecho de los ciudadanos.

"Cualquier Oficina General (del Registro Civil) del territorio nacional deberá disponer de los elementos necesarios para la materialización de los asientos o sus modificaciones en la lengua elegida por el particular y, en su caso, para la traducción de documentos o redacción de las declaraciones", dice el informe.

La Comisión de Estudios propone, por ello, "atemperar" el alcance del artículo, de modo que el uso de las lenguas cooficiales "se circunscriba al ámbito natural que les es propio, es decir, a las Oficinas de la Comunidad Autónoma en que la lengua de que se trate tenga carácter oficial".

En el informe, el CGPJ también solicita que no todas las competencias que actualmente desarrollan los jueces encargados del Registro Civil pasen a ser desempeñadas por los nuevos encargados de ese servicio, que ya no serán magistrados.

Entre esos cometidos que no deberían asumir cita los reconocimientos de filiación, emancipación por concesión paterna, cambio de sexo o autorización para optar por la nacionalidad española, para los que el Poder Judicial cree que resulta "inaplazable" la aprobación de una Ley de Jurisdicción Voluntaria "que contemple expresamente estos casos".

La Comisión de Estudios también critica que el anteproyecto obligue a los hospitales a comunicar por vía telemática a la Oficina del Registro Civil que corresponda los nacimientos que tengan lugar en su centro y a "verificar" esa comunicación en las veinticuatro horas siguientes, "remitiendo el formulario oficial de declaración debidamente cumplimentado y firmado por los padres".

El CGPJ reconoce el "avance" que supone el que los padres no tengan que desplazarse hasta el Registro, pero dice que se produce a costa de "trasladar a los centros sanitarios la responsabilidad de efectuar las comprobaciones o verificaciones que toca realizar al encargado del Registro Civil" y concluye que eso no es "de recibo".