El congreso convalidará mañana el decreto que aparta a los agentes sociales de la gestión de los fondos de formación

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidará este jueves el decreto que regula la reforma de la formación profesional para el empleo, que deja a las organizaciones sindicales y empresariales fuera de la gestión de los fondos y de la impartición de estas actividades.
A raíz de esta reforma, será el sector privado, a través de entidades especializadas en la impartición de formación profesional, el que desarrolle esta tarea en un entorno de libre competencia.
Además, el decreto sustituye la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que era el principal órgano de gobierno del sistema, por una nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Esta nueva fundación estará controlada por la Administración General del Estado, mientras que ahora la presencia de los agentes sociales en el patronato era mayoritaria. En la actualidad, el Patronato de la Fundación Tripartita está compuesto por 27 miembros, nueve en representación del Servicio Público de Empleo Estatal, nueve por parte de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT y CIG), y otros nueve de las patronales (CEOE y Cepyme), y está presidido por la directora general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Reyes Zatarain.
Por el contrario, la reforma establece que en el órgano director de la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo los representantes de la Administración General del Estado deberán representar una mayoría de sus miembros, mientras que la presidencia la pasará a ostentar la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.
Por otro lado, la reforma recoge un endurecimiento de las sanciones por casos de fraude bajo el “principio de tolerancia cero” en la gestión de los fondos de formación.
En concreto, se amplían los sujetos con responsabilidades en la gestión del sistema para incluir a las entidades que se encargan de la organización de la formación, así como a los solicitantes de las ayudas y las subvenciones públicas.
Asimismo, se incrementa de dos a cinco años el periodo máximo que los beneficiarios del sistema pueden quedar excluidos del mismo en caso de fraude.
Sobre este tema, el real decreto introduce nuevas situaciones que pasan a considerarse como infracciones muy graves, como simular la celebración o impartición de los cursos, o incrementar, alterar o falsear el importe o cualquier otro dato relativo a las facturas.
Por último, la reforma recoge el establecimiento de una cuenta de formación asociada a cada trabajador, que “le acompañará toda la vida laboral y certificará toda la formación que haya hecho”.