El congreso debate hoy la ley de transparencia

El Congreso de los Diputados celebra este jueves el debate de totalidad del proyecto de Ley de Transparencia, que ha sido enmendado por todos los grupos parlamentarios de la oposición, excepto el Socialista.
Fue el martes 21 de mayo cuando finalizó la presentación de enmiendas de totalidad al citado proyecto de ley y los grupos parlamentarios de CiU y de PNV, que consensuaron el texto que ambos presentaron por separado; de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, de UPyD y, por parte del Grupo Mixto, Amaiur, ERC -que fue el único que presentó un texto alternativo- y BNG hicieron uso de esta facultad parlamentaria.
CiU y PNV denuncian en sus enmiendas la “clara extralimitación del ámbito competencial” y sostienen que se produce un “claro cercenamiento de las regulaciones que deben poder aprobar las CCAA en el ámbito de la transparencia”.
A juicio de ambos grupos parlamentarios, “los ejemplos más claros de esta invasión competencial se producen en el Título II del Proyecto de Ley, relativo al Buen Gobierno”. Así, denuncian una “colisión casi sistemática con las competencias en relación a la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno” de Cataluña y País Vasco.
Además, sostienen que el “’novedoso’ régimen sancionador que atribuye por ley a un ministro la posibilidad de llegar a destituir de sus cargos a alcaldes o a cargos de las CCAA es inconstitucional y no puede admitirse bajo ningún concepto”.
NO SATISFACE A NADIE
Por su parte, La Izquierda Plural considera que la Ley de Transparencia “no está a la altura de las exigencias y demandas de la sociedad”. En su enmienda, el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara no cuestiona la necesidad de esta norma, pero afirma que “en su redacción actual y con el corto recorrido caminado en la tramitación” este texto “no supondrá una mejora en la calidad democrática”, pues se ha elaborado tras “desoír a expertos y ciudadanía” y “no satisface a nadie”.
La enmienda de La Izquierda Plural defiende la necesidad de revisar la Ley de Protección de Datos para que la Ley de Transparencia no colisione con ella. “Podemos encontrarnos con una Ley de Transparencia que autorice el acceso a un cúmulo de documentos en los que los datos personales presentes en ellos sean después sometidos a obsoletos impedimentos de tratamiento y divulgación”.
Por su parte, UPyD considera que este proyecto debe tramitarse como ley orgánica, por entender que el acceso a la información pública es un “derecho básico”. Además, el Gobierno aún no ha incluido a los partidos políticos y a instituciones como la Casa Real en el texto y mientras eso no esté por escrito, la formación que lidera Rosa Díez mantendrá su enmienda a la totalidad.
Por parte del Grupo Mixto, Amaiur ha presentado una enmienda de totalidad al citado proyecto de ley en la que sostiene que “en el fondo” dicho texto “no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental, pues limita su aplicación al reducirla al estricto ámbito de la administración pública y al limitar su alcance en caso de colisión con otros derechos”.
Además, señala que este proyecto de ley “no sólo no respeta” su reclamación de “soberanía de Euskal Herria, sino que ni siquiera garantiza el respeto a los ámbitos de soberanía vasca que se ejercen en la actualidad”.
TEXTO ALTERNATIVO
ERC es la única formación que ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo. La propuesta de esta formación catalana incluye todas las instituciones y organizaciones que reciben dinero público, incluida la Casa Real, “como máxima institución del Estado español que también debe ser sometida a escrutinio parlamentario, o la Iglesia católica”.
En el caso de la Casa Real, el partido independentista catalán pretende que la Jefatura del Estado responda fielmente a su condición de monarquía parlamentaria y dé cuenta ante el Parlamento su funcionamiento y sus gastos.
Además, la enmienda de ERC aboga por la “transparencia activa en la que prime la petición del ciudadano por encima de la negativa, dejadez o negligencia de la Administración”.
Asimismo, establece la obligada publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas y que determinados datos económicos también se “territorialicen”.
En materia de buen gobierno, Esquerra propone una serie de medidas de austeridad y la creación de una Agencia de Transparencia que dependa de las Cortes Generales para hacer el seguimiento de su aplicación.
Por su parte, el BNG considera en su enmienda que el proyecto de ley del PP “es un modelo de transparencia desfasado porque no incorpora las aspiraciones de la mayoría social ni tampoco sigue modelos vigentes en otros Estados de la UE”.
Además, critica que el acceso a la información permanece “cautivo, dependiente del Gobierno de turno”. “El proyecto de ley deja fuera de su ámbito a importantes instituciones y organismos cuya financiación es exclusivamente pública”, sostiene el BNG, para el que “resulta sorprendente que se excluyan a instituciones como la Casa Real” o el Banco de España.
El texto original del proyecto de Ley de Transparencia se limitaba a las administraciones públicas y aunque el Gobierno se ha comprometido a incluir la Corona, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, así como todas aquellas entidades privadas que gocen de determinada financiación pública, lo cierto es que estos puntos aún no han sido incorporados.
CALENDARIO
Tras el debate de totalidad, en el que previsiblemente todas las enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP, sindicatos y empresarios comparecerán el jueves 6 de junio ante la Comisión Constitucional, para valorar y dar su opinión sobre la inclusión de las organizaciones que representan en esta norma.
Así lo acordó la Mesa y portavoces de la Comisión Constitucional reunida el pasado 24 de mayo para establecer el calendario definitivo de tramitación de la citada ley.
Además, tras el debate de totalidad quedará abierto el plazo de presentación de enmiendas parciales, que se extenderá hasta el 11 de junio.
Está previsto que el debate de la ley se produzca en un pleno extraordinario que se convocará en el mes de julio, una vez concluidos los trabajos de la ponencia.