El congreso insta a las televisiones a autorregularse para no pagar a condenados ni imputados

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó una proposición no de ley de Coalición Canaria (CC) que insta a las televisiones a no pagar a condenados por la justicia con sanciones económicas pendientes, ni tampoco a los familiares o allegados de éstos.

La iniciativa también emplaza a las cadenas a extender esta negativa al pago a las personas imputadas en delitos o condenados sin penalización económica pendiente, que no podrían recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos con los que se les relaciona.
CC pedía en su texto una modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para prohibir expresamente a las cadenas a hacer estos pagos. Sin embargo, a instancias de CiU y PP, rebajó con una enmienda transaccional esa exigencia de prohibición normativa y aceptó dejarla en un emplazamiento a las cadenas para que busquen mecanismos de “autorregulación” que acaben con esos cobros. Los populares han alegado en contra de ese impedimento legal que en el ordenamiento jurídico no existe ninguna norma sobre la percepción de este tipo de cobros y se puede colisionar con otros principios constitucionales como el derecho a la presunción de inocencia.
Pese a que la proposición ha quedado suavizada, la diputada de CC Ana Oramas se congratuló del acuerdo del parlamentario para hacer este llamamiento a las cadenas. “Hay programas que hieren, por la voracidad con la que se busca en algunos casos arañar audiencias. Hay que poner fin a una práctica despreciable”.
Oramas se refirió en concreto a los pagos realizados por cadenas a "delincuentes convictos" como el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, de 350.000 y 500.000 euros, respectivamente; la entrevista al asesino de Sandra Palo, "El Rafita", y otra a la madre de "El Cuco", condenado por la muerte de Marta del Castillo.
Para los nacionalistas canarios, no se puede consentir que "medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado vengan a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas".