El Consejo Asesor aboga por reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña

Barcelona, 20 dic.- El Consejo Asesor para la Transición Nacional recomienda reforzar la ya existente Agencia Tributaria de Cataluña y dotarla de nuevos instrumentos y recursos a fin de "garantizar la continuidad del flujo monetario" y que el nuevo Estado catalán disponga de esta estructura si finalmente se crea.

En el informe del consejo específico sobre "administración tributaria de Cataluña" se subraya que la Agencia Tributaria tiene que ser la pieza principal de la nueva Administración de Hacienda catalana y, junto a ella, tendrían que ser creados varios organismos: un Consejo Fiscal, el Instituto de Estudios Tributarios, la Dirección General de Tributos y la Junta de Tributos.

También formula propuestas para implementar el nuevo sistema aduanero, y para establecer el tipo de estructura informática sobre la que se base la administración tributaria.

Según el presidente de este consejo asesor de la Generalitat, Carles Viver Pi-Sunyer, el primer objetivo de esta nueva administración tiene que ser garantizar "la continuidad del flujo monetario", lo que significa que los ciudadanos sigan pagando los impuestos y que estos sean gestionados íntegramente desde Cataluña.

También ha recordado que, generalmente, cuando se constituye un nuevo Estado suele haber un tiempo de transición "en el que se tienen que dar ciertos pasos" de mutuo acuerdo con el anterior Estado, y que en Escocia ha sido previsto en un año y medio.

Según Pi-Sunyer, muchas de las reflexiones que contiene este informe son comunes a los diversos tipos de Estado, ya sea federado, confederado o independiente, porque en cualquiera de los tres supuestos se requiere de una administración tributaria que recaude todos los impuestos y los gestione.

En las 127 páginas que contiene el informe se distinguen dos fases, entre las medidas a aplicar antes y después de la eventual constitución del nuevo Estado, y se apunta, según Pi-Sunyer, que "el margen de mejora con respecto al sistema vigente es muy grande y hay una clara oportunidad de mejorar el modelo actual".

En la "fase preparatoria", el consejo aboga por "reforzar" la Agencia Tributaria de Cataluña" dotándola de nuevos instrumentos y reuniendo "la máxima información posible" sobre los tipos de contribuyentes.

Según Pi-Sunyer, si el Gobierno español quiere "colaborar", se podría crear "el consorcio Estado-Generalitat previsto en el Estatut y hacer traspasos a través de él" pero si dicha colaboración es inexistente "la Generalitat puede adoptar medidas unilaterales respetando la legislación estatal" a fin de dotar a la Agencia Tributaria catalana de mayores atribuciones.

En la siguiente fase, posterior a la hipotética creación del nuevo Estado, el primer objetivo es "garantizar que el flujo monetario no se parará", y para ello será básico que exista "una concienciación fiscal" por parte de los contribuyentes así como establecer "medidas que regulen la transición entre el viejo y el nuevo sistema".

Aunque el consejo no realiza "una previsión de ingresos del nuevo sistema tributario cuando empiece a funcionar", sí ha incluido "horquillas abiertas" y estima que potencialmente podría ser de unos 70.000 millones de euros, incluidas las cotizaciones sociales.

Sobre la "transición", el consejo reflexiona tanto acerca de "las obligaciones tributarias pendientes" como sobre la creación de la nueva "jurisdicción fiscal catalana", la eliminación de la doble imposición que existía hasta ahora con las dos administraciones -catalana y española- y la colaboración con la administración española para perseguir en ambos Estados el fraude fiscal.

El consejo estima que implementar la nueva Administración tributaria tiene un coste de unos 750 millones de euros que podrían reducirse a 400, y en el momento de ser creada ya contaría con una plantilla de unas 5.000 personas, con el traspaso del personal de la Agencia Tributaria Española en Cataluña.