El consejo de la juventud acusa al gobierno de mentir y cerrar este organismo por ideología

El presidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), Ricardo Ibarra, acusó este jueves al Gobierno de mentir sobre la justificación del cierre de este organismo, incluyéndolo en las medidas de racionalización del sector público (el denominado ‘Informe CORA’) por motivos de ahorro presupuestario y duplicidad de funciones.
Según afirmó Ibarra en un encuentro informativo celebrado en su sede en Madrid, "se trata de silenciar la voz incómoda de los jóvenes, que libremente criticamos aquello que atenta contra nuestros intereses y derechos". "Es por tanto un cierre ideológico. Pero lo realmente grave no es el porqué de nuestra eliminación, sino que el Gobierno use datos falsos para justificar su decisión", añadió.
“El Gobierno argumenta toda esta situación del CJE en absolutas mentiras”, añadió, pues el Ejecutivo “no busca mejorar la eficiencia de este órgano de participación juvenil; no busca ahorrar económicamente por cuestiones presupuestarias; lo que busca es acallar a un órgano que es crítico, porque es independiente, porque es un órgano de participación y porque es un órgano importante de la democracia”.
Según el CJE, el ahorro que esgrime el Ejecutivo no es tal, pues si pasa a formar parte del Instituto de la Juventud (Injuve), este organismo afrontará los gastos de personal del Consejo, que supone la mayor cuantía presupuestaria. Dicho de otro modo, de 1.399.950 euros que el proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público calcula que se ahorraría con el cierre del CJE, éste asegura que sólo serían 294.340 euros, siendo uno de los organismos más pequeños de la Administración. Según el CJE, su presupuesto supone el 0,08% de la estructura ministerial.
DUPLICIDADES
Desde el consejo también se defiende que es inexacto decir que con su cierre se evitarían duplicidades, pues el Injuve representa la política de la juventud del Gobierno mientras que el CJE da voz a los jóvenes a través de sus organizaciones.
“El Gobierno juega con la confusión de la ciudadanía”, dijo, comparándolo, por ejemplo, con que los sindicatos y la patronal también “juegan” en el mismo ámbito pero no representan los mismos intereses. El CJE, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Sanidad, representa a más de 60 entidades juveniles de todo el Estado, entre organizaciones y consejos de juventud autonómicos.
El CJE subrayó que el proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, en lo relativo a este organismo de jóvenes, ha recibido numerosas enmiendas para evitar su desaparición por parte del Grupo Parlamentario Socialista, La Izquierda Plural, CiU, Esquerra Republicana y Compromís-EQUO, aunque el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha retrasado los trámites e ignorado las propuestas.
Precisamente, la diputada socialista Meritxell Batet acompañó a Ibarra y dijo que el CJE es “un órgano de participación de la sociedad civil” que conecta con la política y que también el Consejo de Estado advirtió de que con el CORA se estaban abordando “temas sensibles” como es el caso de los jóvenes.
“En el PP se van a lo fácil. Miran qué organismos molestan más, cuáles pueden importunar, llevar la contraria o tener voz propia o pueden poner en cuestión las políticas gubernamentales”, denunció.
CONTRA LA CONSTITUCIÓN
Asimismo, la parlamentaria opinó que con el cierre del CJE se vulneraría el artículo 48 de la Consitución, que afirma que todos los poderes públicos tienen que promover la participación de la juventud, precisamente en un momento en el que esta población está sufriendo las consecuencias de la crisis y de los recortes emprendidos por el Ejecutivo de Rajoy.
De hecho, subrayó que el paro juvenil ronda el 56% y que también los jóvenes están afectados por la disminución de las becas y el aumento de las tasas universitarias.
El trámite continúa ahora en el Senado, aunque Ibarra mostró su incertidumbre acerca del futuro que aguarda al organismo que representa. “No queda claro”, concluyó, recordando que han solicitado “en reiteradas ocasiones” reuniones con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y su secretaria de Estado, Susana Camarero, para que el Gobierno explique “qué busca”.