El consejo de la juventud considera “antidemocrática” la ley de seguridad ciudadana

El Consejo de la Juventud (CJE) señaló este viernes que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana atenta contra “los derechos fundamentales de la ciudadanía, recogidos en la Constitución, y reconocidos en distintos tratados internacionales suscritos por España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
El CJE recuerda que el derecho de reunión, de participación, la libertad de asociación y de expresión son derechos y libertades fundamentales, y critica que, “con la aprobación de la denominada Ley Mordaza, el Ejecutivo actúa de forma antidemocrática y atenta contra el Estado de Derecho”.
La organización subraya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y velar por el mantenimiento del orden público, pero “no puede hacerlo sin respetar y proteger derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y a la reunión”.
Asimismo, sostiene que la nueva ley “criminaliza la protesta pacífica con sanciones desproporcionadas con la intención de evitar, a través del miedo, cualquier manifestación pública legítima”.
Por ello, el CJE solicita al Gobierno que rectifique la ley, que actualice la legislación vigente a los cambios sociales y tecnológicos, y que regule las sanciones de forma proporcional garantizando el cumplimiento de la Constitución Española.
A este respecto, rechaza la creación del Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana que contempla la nueva norma porque, a su juicio, “demoniza a aquellas personas que participan en actividades políticas, sindicales, sociales o simplemente colectivas”. “Un registro que está en contra del asociacionismo de la población joven y, por tanto, en contra de impulsar la participación cívica que caracteriza todo sistema democrático”, destaca.
Por último, manifiesta que las medidas “excesivas” que contiene la nueva ley no pueden justificarse en aras de la seguridad ciudadana y pide al Gobierno que rectifique y modifique esta norma, que “no sólo rechazan colectivos sociales, sindicales y políticos de este país, sino también el Consejo de Europa”.