Bucarest, 21 ago.- El Tribunal Constitucional (TC) rumano invalidó hoy el referéndum de cese del jefe del Estado, el liberal Traian Basescu, que podrá volver a ejercer su cargo de presidente, lo que amenaza con perpetuar la seria crisis política que atraviesa el país.
El primer ministro, el socialdemócrata Victor Ponta, aseguró en rueda de prensa en Bucarest que respetará el fallo del TC aunque lo considera "injusto", y anunció que propondrá una reforma de la Constitución.
El TC informó de que había constatado deficiencias en las listas electorales y que la decisión se tomó por seis votos a favor y tres en contra.
Con este fallo se volverá a la difícil cohabitación entre el primer ministro y el presidente, que han tenido continuos enfrentamientos desde que en mayo triunfase una moción de censura que acabó con el último Gobierno conservador fiel a Basescu.
"Quiero enviar un mensaje de confianza y estabilidad", dijo Ponta tras afirmar que respetará el dictamen de los jueces.
Pero el primer ministro y sus socios de gobierno han dejado clara su decepción y han vuelto hoy a atacar al jefe del Estado, apoyado por el opositor Partido Democrático Liberal.
"La decisión (del TC) es injusta, está en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos rumanos que votaron por un cambio de régimen político", declaró Ponta.
Para el jefe de Gobierno, Basescu es un presidente "ilegítimo, un presidente del Tribunal Constitucional" y no del pueblo.
"Propongo una reforma constitucional para proporcionar responsabilidades más claras de las instituciones (...) y evitar futuras tragedias como el régimen Basescu", señaló.
También el presidente rumano interino, Crin Antonescu, del Partido Nacional Liberal y colíder del Gobierno de Ponta, calificó de "injusta" la decisión del TC y llamó a la población a expresar visiblemente su supuesto rechazo.
"Respetad la ley y la Constitución, pero haced notar vuestra presencia", dijo Antonescu.
Según la agencia Mediafax, cerca de 200 personas han salido este martes a las calles de Bucarest para manifestar su rechazo al presidente.
La continuidad de Basescu había quedado en el aire hasta la decisión del Constitucional pese a que en la consulta de julio, para cuya validez la propia corte estableció un quórum de la mitad más uno de participación, sólo votó un 46 % de los ciudadanos del censo electoral utilizado.
Basescu ha estado suspendido de sus funciones desde principios de julio tras votar su cese el Parlamento, dominado desde mayo por la gubernamental Unión Social Liberal (USL, centroizquierda), por supuestas violaciones de la Constitución al asumir competencias que no le correspondían.
La Unión Europea criticó con dureza el procedimiento legal para suspender al presidente, rival del primer ministro.
El proceso legal para revocar el mandato de Basescu, que concluye en 2014 sin posibilidad de reelección al ser su segundo periodo como presidente, debía ser ratificado por la ciudadanía en un referendo que se celebró el pasado 29 de julio.
Más de un 87 % de quienes votaron se mostraron a favor del cese de Basescu, que llamó al boicot de la consulta, pero al no conseguirse el mínimo de la mitad más uno de la participación no se ratificó el cese.
El Constitucional, antes de validar el resultado, denunció haber recibido informaciones contradictorias del Instituto Nacional de Estadística (INS) y la Oficina Electoral Central (BEC) sobre el censo electoral utilizado en la consulta.
La consulta la organizó el dimisionario ministro del Interior Ioan Rus, de la USL, con un censo de más de 18 millones de votantes y que fue puesto en entredicho por la propia coalición gubernamental de socialdemócratas y liberales, basándose en cifras del INS.
El Gobierno sostuvo que las listas utilizadas no eran válidas al no estar actualizadas, y asegura que habría en realidad entre 15 y 16 millones de votantes en Rumanía.
De ser cierta esa cifra, los más de ocho millones de electores que votaron el pasado 29 de julio supondrían más de la mitad más uno del electorado y la destitución de Basescu sería efectiva.
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