El defensor del pueblo, "preocupado" por el "uso excesivo" de sujeciones y psicotrópicos en residencias de mayores

La Oficina del Defensor del Pueblo afirma en su último informe anual que "el uso excesivo de sujeciones y contenciones físicas, así como la administración de psicotrópicos" en las residencias de personas mayores, como medidas para evitar daños a los propios afectados o al resto de los usuarios, "es una cuestión que preocupa a esta institución".
El informe relativo a 2014 explica que la eliminación de las sujeciones no siempre es bien recibida por parte de los familiares de las personas mayores, que temen por la integridad física de sus seres queridos.
Sin embargo, añade, "las experiencias que se están llevando a cabo indican que, con la debida preparación del personal y adoptando ciertas medidas adicionales para evitar riesgos, no se produce un incremento de caídas con consecuencias graves, mientras que los efectos para la dignidad y autoestima de los afectados se aprecian de forma inmediata".
Ante este hecho, la oficina que dirige Soledad Becerril dice haber iniciado actuaciones con distintas administraciones.
FALTA DE INFORMACIÓN
Otro aspecto relacionado con las residencias de personas mayores recogido en este documento es el relativo a la falta de información que acusan los usuarios o sus familiares desde el momento en que solicitan el ingreso en un centro residencial hasta la fecha en el que lo obtienen.
"Son frecuentes las reclamaciones en las que los interesados ponen de manifiesto que, solicitado el ingreso en un centro residencial e incluidos en la lista de acceso al recurso solicitado, desconocen el tiempo aproximado que pueden tardar en acceder a la plaza correspondiente, el lugar en el que se concederá la plaza y, en algunos casos, el régimen económico que se les va a asignar", concreta el texto.
Teniendo esto en cuenta, el Defensor del Pueblo dice a la Administración que "debe presentar al ciudadano una gestión transparente, acorde con los principios de publicidad activa que establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno", en proceso de implantación.
Para ello, prosigue, además de conocer los criterios de prelación en la adjudicación de las plazas, resulta "necesario" que se conozcan las adjudicaciones realizadas y se pueda comprobar que se han asignado a los que ocupaban lugares preferentes.
Esta información, además, "facilita la planificación de los intereses de futuro del afectado y de sus familiares", concluye el departamento de Soledad Becerril.