Bogotá, 14 nov.- El Estado colombiano se salvó del pago de 500.000 millones de dólares a una familia que lo había demandado por una supuesta expropiación irregular de tierras heredadas, en la que habría sido la más cuantiosa indemnización de la historia en este país, informaron hoy fuentes del Ejecutivo en Bogotá.
La decisión la adoptó el Consejo de Estado, informaron hoy el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, y la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ADJE), Adriana Guillén.
"Es la victoria jurídica más importante del Estado colombiano", afirmó Carrillo.
El ministro del Interior destacó que la suma de dinero que exigían los demandantes "equivale a cuatro veces el presupuesto nacional", representaba el 80 % del monto total de las demandas vigentes contra el Estado y superaba el producto interior bruto (PIB) del país.
La demanda la interpusieron en 2003 los hermanos Enrique, Luz Elena y Gloria Durango Sanín, junto a su pariente Enrique Durango Valero, quienes aseguran ser herederos de unas tierras que fueron propiedad de su abuelo Mirócletes Durango en los años treinta del siglo pasado.
Los cuatro consideraron que el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) les expropió de manera ilegal un área de 1.926 kilómetros cuadrados en el este de Medellín, la capital departamental de Antioquia (noroeste).
El litigio fue seguido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia hasta 2009, cuando declaró en un fallo no probados los derechos exigidos por la familia Durango, que exigía al Estado el pago de 908 billones de pesos (499.093 millones de dólares).
El caso pasó al Consejo de Estado, que confirmó la sentencia del tribunal regional.
El ministro Carrillo resaltó hoy que la decisión del Consejo de Estado libra a Colombia "del matoneo de cárteles de litigantes que veían en el Estado un botín fácil de apropiarse".
La ADJE fue creada en noviembre de 2011 por el presidente Juan Manuel Santos, quien subrayó entonces que el Estado afrontaba 260.000 demandas cuyas pretensiones económicas sumaban 1.028 billones de pesos (565.052,49 millones de dólares).
Una suma, según dijo Santos, que equivalía entonces a la deuda de Grecia y al doble del PIB colombiano.
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