Río de Janeiro, 25 oct.- La Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Asunción debatirá la "Transformación del Estado y el Desarrollo", desafío que en América Latina se encara con políticas reformistas o de ruptura y en Europa al calor de la crisis.
Según el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, en la cita de líderes de América Latina, España, Portugal y Andorra se buscará "definir qué tipo de Estado se necesita", algo que unos países manejan como planes de largo plazo y otros con ideologías que buscan romper estructuras del pasado.
En el primer grupo encajan Brasil, Colombia, Uruguay o Chile, que han dado continuidad a políticas anteriores, mientras que en el segundo entrarían Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina.
En Brasil no hay proyectos de reforma del Estado, pero la presidenta Dilma Rousseff sigue el libreto de su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, que a su vez mantuvo la línea macroeconómica de su predecesor, Fernando Henrique Cardoso.
Para el Gobierno brasileño, el Estado debe ser "eficiente", "profesional" y volcado a la protección y promoción social de los más pobres y, sin llegar a ser interventor, actuar como "regulador" de la actividad económica y los mercados.
El Estado es uno de los motores del crecimiento brasileño si se tiene en cuenta que el gasto público equivale a casi el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según datos oficiales.
Más peso tiene el Estado en Uruguay, donde casi 10 por ciento de sus tres millones de habitantes, o 17 por ciento de la población económicamente activa, trabaja con instituciones públicas.
Por esa razón la reforma del Estado es una asignatura pendiente del Gobierno del presidente José Mujica, que ha intentado sin éxito, en parte por la oposición sindical, reducir la administración pública, sobre todo en materia de personal.
En Colombia, el Congreso facultó al Ejecutivo para reformar el Estado sin trámites parlamentarios, lo que ha permitido liquidar, reestructurar o crear entidades públicas.
El presidente Juan Manuel Santos impuso cambios que han supuesto revivir o separar ministerios antes fusionados, como los de Justicia, Trabajo, Salud y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Así se "apunta a fortalecer el equilibrio de poderes, la justicia y a responder a las necesidades sociales", señaló a Efe el analista Fernando Giraldo, de la Universidad Javeriana de Bogotá.
En sentido contrario anda Honduras, donde el presidente Porfirio Lobo intenta juntar en un solo ministerio las secretarías de Seguridad y Defensa y fusionar varias instituciones caritativas para reducir el presupuesto.
Chile, que durante la dictadura de Augusto Pinochet transformó sus estructuras guiado por la lógica del mercado y con resultados macroeconómicos positivos, discute ahora la necesidad de reformas que subsanen el déficit social, cuya mayor manifestación es el movimiento estudiantil que reclama cambios en el sistema educativo.
"El problema no es el tamaño sino la calidad del Estado. Los chilenos saben muy bien que la presencia del Estado donde no se requiere es asfixiante, pero su ausencia es desoladora donde sí se requiere", sostiene el presidente Sebastián Piñera.
Los cambios también avanzan en República Dominicana, donde desde 2001 el Consejo Nacional de Reforma del Estado conduce un proceso que ha aprobado varias reformas, acompañadas de privatizaciones en los sectores eléctrico y azucarero.
La reforma del Estado es candente en Ecuador, donde una comisión tripartita (Ejecutivo, Legislativo y un órgano de control ciudadano) estudia una reforma judicial que, según la oposición, permitirá al presidente Rafael Correa influir más en la designación o retirada de jueces.
El aumento del poder presidencial no sorprende a los ecuatorianos, que han visto cómo Correa ha fortalecido el peso del Estado en la economía mediante la nacionalización de yacimientos petroleros, una de las principales fuentes de ingresos del país.
Más drásticas fueron las reformas en Venezuela y Bolivia, que abarcan desde la concepción misma de ambos países, el primero rebautizado hace años como República Bolivariana y el segundo constituido como Estado Plurinacional.
En ambos casos, el llamado "Socialismo del siglo XXI" ha impulsado la nacionalización de empresas en diversos sectores.
En Bolivia, se ha dado principalmente en los hidrocarburos, pero en Venezuela el presidente Hugo Chávez fue más allá y nacionalizó empresas de casi todos los sectores de servicios y productivos.
Según la patronal Fedecámaras, Chávez ha nacionalizado este año 402 empresas, casi la mitad de las 988 expropiadas desde 2006.
Privatizaciones hechas al calor de la política neoliberal de los años 90 han sido revertidas en Argentina, donde el Estado retomó el control de los correos, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas y su filial Austral, entre otras.
En Cuba, el Gobierno de Raúl Castro impulsa reformas económicas para revitalizar la economía de la isla mediante una "actualización del socialismo", aunque sin renunciar a la planificación estatal y sin reformas políticas significativas.
Castro se propone adelgazar las plantillas estatales y derivar a parte de esos funcionarios hacia el incipiente sector privado, abierto con la ampliación del trabajo autónomo.
También ha permitido que los particulares puedan vender y comprar coches y se espera que se autorice lo mismo con las viviendas.
Paraguay, sede de la Cumbre, impulsa cambios para dar más transparencia a la gestión pública, pero el proceso sigue estancado en la reforma judicial, clave en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Costa Rica, que mantiene bajo monopolio estatal agua, electricidad y combustibles, no se cuestiona su modelo de Estado, pero debate una reforma fiscal para reducir un déficit cercano al 5 por ciento del PIB, mientras en Panamá y Guatemala la transformación se busca por la vía de la innovación tecnológica.
En España y Portugal, seriamente afectados por la crisis, las transformaciones del Estado se debaten en el marco de la Unión Europea que intenta una salida de las turbulencias que han puesto en jaque al euro y llevado a miles de "indignados" a protestar en las calles.
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