El exdirectivo español de JPMorgan Chase se niega a ser extraditado a EEUU

Madrid, 27 ago.- Javier Martín-Artajo Rueda, exdirectivo del banco JPMorgan Chase reclamado por EEUU por ocultar pérdidas de más de 6.000 millones de dólares en sus operaciones financieras en Londres, ha quedado en libertad tras prestar declaración en la Audiencia Nacional y se ha negado a ser extraditado a ese país.

Martín-Artajo ha sido trasladado ante el juez de guardia de la Audiencia, Santiago Pedraz, desde las dependencias policiales de Canillas, donde se ha entregado esta mañana después de que se le localizara en su casa de Madrid al existir una orden internacional de detención sobre él dictada por EEUU hace dos semanas.

El juez le ha dejado en libertad, pero le ha prohibido salir del territorio y obligado a comparecer cada quince días, en espera de que EEUU inicie los trámites para solicitar su extradición, han informado fuentes jurídicas.

Martín-Artajo, de 49 años y exsupervisor de la estrategia de inversiones de la oficina de JPMorgan en Londres, ha sido acusado formalmente por la Fiscalía Federal de Estados Unidos junto con el francés Julien Grout ,un operador de 35 años- de fraude, falsificación de documentos bancarios y contribución a documentos oficiales falsos.

Según las mismas fuentes, el español ha aportado hoy al juez dos documentos, uno de ellos una fotocopia de la declaración ante la Fiscalía de Estados Unidos del corredor de JPMorgan Chase Bruno Iksil, conocido como la "Ballena de Londres", quien llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense para que le levantaran los cargos a cambio de cooperar en el caso, y supuestamente implicó en su comparecencia a Martín-Artajo.

También ha entregado una serie de documentos, en concreto justificantes de propiedades en España, en los que pretende justificar su arraigo en este país.

Martín-Artajo ha comparecido durante una hora ante el juez y el fiscal, Jesús Alonso, ha pedido su libertad, que finalmente ha decretado Pedraz con la prohibición de abandonar España sin autorización y comparecer cada quince días en un juzgado.

Durante su declaración ha afirmado que se niega a ser extraditado, aunque en realidad eso lo tendrá que decir una vez Estados Unidos formalice la petición de entrega, para lo cual tiene un plazo de cuarenta días.

Cuando transcurra este plazo, se le citará para que comparezca en la Audiencia Nacional y entonces tendrá que decir si, formalmente, aceptar o no ser extraditado.

A partir de ese momento, en el caso de que confirme que no quiere ser entregado, la Sala de lo Penal de la Audiencia celebrará una vista en la que la Fiscalía española y las autoridades estadounidenses expondrán sus puntos de vista sobre la entrega.

En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, podría ser condenado en EEUU a un máximo de 65 años de cárcel, cinco por conspiración y veinte por cada una de las otras acusaciones, así como a una sanción económica que podría totalizar el doble de las pérdidas generadas.

Según la prensa estadounidense, Martín-Artajo residía en las afueras de Londres pero se encontraba de vacaciones cuando, hace dos semanas, Estados Unidos le reclamó. Fue cesado del banco en agosto de 2012.

El acta de acusación de la Fiscalía estadounidense explica que, a principios de 2012, cuando las operaciones de productos derivados comenzaron a acumular pérdidas importantes, Martín-Artajo ordenó a Grout e Iskil que no las divulgaran salvo que pudieran atribuirse a algún acontecimiento específico del mercado (como la bancarrota de una compañía).

Las cuentas maquilladas acabaron integradas en el informe financiero trimestral del banco y también en los registros de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), que ha presentado por su parte cargos civiles contra Martín-Artajo y Grout. Las pérdidas por estas operaciones totalizaron más de 6.000 millones de dólares.