El expresidente de Defex queda en libertad tras pagar fianza

Madrid, 30 jun.- José Ignacio Encinas Charro, expresidente de Defex, empresa que supuestamente desvió decenas de millones de euros de un contrato con el Gobierno de Angola, ha salido de prisión después de abonar la fianza de 50.000 euros que le ha impuesto la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó en julio la prisión incondicional de Encinas por el supuesto fraude al Gobierno de Angola, una decisión que el imputado recurrió y que ahora la sección cuarta de la Audiencia Nacional ha estimado.

La sección cuarta le ha impuesto, sin embargo, una fianza de 50.000 euros que el imputado ya ha pagado, así como comparecencias semanales, que fije su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

Por otro lado, la sección cuarta ha confirmado la fianza de 200.000 euros que en julio impuso el juez Ruz a Icíar de Iraola, esposa de Juan Carlos Cueto, consejero delegado de la otra empresa adjudicataria, Comercial Cueto.

Por este caso, el 14 de julio ingresaron en prisión Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa -relacionado con los conocidos "papeles de Laos" del caso Roldán-, así como varios directivos de las dos empresas.

Todos ellos están imputados por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal y falsedad documental.

El juez Ruz investiga el supuesto desvío de 41 millones por parte de Defex y Comercial Cueto, empresas adjudicatarias de un contrato de suministro de material policial a Angola suscrito en 2008 por un total de 152 millones para equipar a la Policía Nacional de ese país.

Presuntamente, la sobrina de Paesa ayudó a desviar el dinero desde un despacho en Luxemburgo en el que trabaja, valiéndose de empresas radicadas en ese país y en las Islas Vírgenes Británicas que realizaban transferencias a favor de familiares de funcionarios públicos angoleños, de sociedades relacionadas con los querellados y en beneficio de los propios querellados.

Según Ruz, de acuerdo con el contrato con el país africano las empresas españolas se comprometían a suministrar vehículos, uniformes, equipamientos de comunicación y demás material a la Policía Nacional de la República de Angola, con un beneficio de partida para las empresas de entre el 200 y el 300 por ciento.