Gijón.- El fiscal del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha alertado hoy del "abismal" incremento de los acuerdos por conformidad y ha advertido que en multitud de ocasiones responden a cuestiones "economicistas" y conllevan que reos inocentes acepten las penas para evitar enfrentarse a condenas superiores en detrimento de "la verdad".
Del Moral ha intervenido en Gijón en un curso sobre "La independencia del fiscal como garantía del hallazgo de la verdad material", en el que ha advertido que el sesenta por ciento de los procesos judiciales se resuelve con acuerdos previos, si bien en Estados Unidos esta cifra se eleva al noventa por ciento.
El jurista ha advertido que el objetivo de la Fiscalía no es "vaciar" los juzgados de asuntos sino hacerlo con "decisiones justas y adecuadas".
"Hay libertad en la conformidad pero no se puede negar la presión psicológica para aceptar una pena inferior", ha señalado.
En este sentido, ha apuntado que sabe que algunos de los acusados inocentes aceptan asumir el pago de una multa para no enfrentarse a una posible condena de prisión y lo mismo sucede cuando no existe una prueba excluyente o el caso no está claro.
Por ello, ha apostado por no ser tan "utilitaristas" en el ejercicio de la profesión y desmarcarse de la "eficiencia" en términos económicos.
Además, ha abogado por regular de forma "transparente, abierta y legal" estos acuerdos y ha apuntado que bajo el principio de oportunidad también se cuelan numerosos casos.
"Nos hemos contaminado mucho pero también en Italia y Alemania", ha reconocido.
El Estado, ha dicho, debe estar dispuesto a asumir los costes de la justicia y de los procesos y se ha de rechazar llegar por norma a la conformidad.
Con todo, ha advertido que el Tribunal Constitucional ha aclarado que no se puede supeditar una condena al hecho de que el acusado sea renuente a confirmar la culpa pero ha reconocido que esto se hace a través de la "clandestinidad" en las argumentaciones.
La alegalidad del sistema contribuye, en su opinión, a crear desigualdades porque cada tribunal tiene sus propios criterios.
Preguntado sobre la independencia del fiscal, ha aclarado que prefiere hablar de autonomía, la cual está garantizada legalmente.
No obstante, "es obvio que no es así" e independientemente de que el fiscal sea imparcial la sociedad no lo percibe así.
Por ello, se ha mostrado partidario de habilitar una fórmula para robustecer esa autonomía y aclarar a la ciudadanía que realmente exista.
Por último, ha apuntado que para que el fiscal actúe como instructor en los procesos han de cumplirse tres requisitos: más medios materiales y humanos, garantías institucionales para reflejar la independencia y reformas procesales que permitan la colaboración con la acción popular.
Del Moral ha considerado que la reforma en este sentido no será "inminente" y no se producirá en al menos cinco años.
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