El Gobierno alega que la alarma social impide dar por superada la crisis

Madrid.- El Gobierno cree que el conjunto de tareas que deben seguir abordándose para asegurar la consolidación de la normalidad en el transporte aéreo y la alarma social "aún viva" en el conjunto de la ciudadanía impiden que pueda darse por superada la crisis desencadenada por la huelga salvaje de los controladores.

Con esos argumentos, el Gobierno justifica la petición que ha formulado al Congreso para prorrogar hasta las 24:00 horas del 15 de enero el estado de alarma decretado el pasado día 4, con el que se puso fin al cierre del espacio aéreo durante veinte horas.

Según el escrito remitido por el Ejecutivo al Congreso, la alarma social generada ha sido tal en la sociedad que ésta incluso "aún hoy teme que hechos similares puedan reproducirse de inmediato".

Esas razones hacen conveniente y necesario, a juicio del Gobierno, que se prolongue el estado de alarma, "con el fin de asegurar la normalidad en el funcionamiento del tráfico aéreo, mantener la seguridad jurídica en la prestación de un servicio público esencial y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente su libertad de circulación".

La petición está firmada por el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba; la ministra de Defensa, Carme Chacón, y el responsable de Fomento, José Blanco, tras la deliberación del Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer en la Cámara Baja.

De acuerdo con el mismo documento, el estado de alarma decretado el día 4 permitió una respuesta inmediata a la situación y fue "sin duda una medida eficaz", en cuanto que provocó que los controladores se reincorporaran al servicio y, bajo la dirección del Ejército del Aire, "lo hayan venido prestando en condiciones de normalidad".

Pero todavía no se puede sostener que el funcionamiento del sistema aeroportuario sea idéntico al de situaciones de normalidad anteriores, arguye el Gobierno, dado que la complejidad de la organización del espacio aéreo ha sido "tan radicalmente alterada por los hechos (...) que está exigiendo, y exigirá todavía durante semanas, un esfuerzo considerable".

También señala que el paro masivo e inesperado de los controladores ha causado "una enorme gravedad", tanto por el número de afectados, como por los perjuicios económicos causados y el daño originado a la imagen internacional de España.

Además, ha generado "una alarma social en el conjunto de la ciudadanía, que, por un lado, ha rechazado la expresión de un conflicto con desprecio de todas las previsiones legales y, por otro, "aún hoy teme que hechos similares puedan reproducirse de inmediato".

La solicitud será debatida y votada mañana por el pleno del Congreso, convocado para las 12:30 horas, al que los grupos pueden presentar propuestas de resolución.