El gobierno aprueba la ley de acción exterior

El Consejo de Ministros aprobó hoy la Ley de Accción Exterior, una norma que pretende adaptar el servicio exterior español a las necesidades del siglo XXI, coordinando a los distintos agentes que realizan acción exterior y racionalizando las estructuras en el extranjero.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, enmarcó la ley en el propósito general del Ejecutivo de reformar y racionalizar las administraciones públicas.
Como criterio particular, la justificó por que la acción exterior debe realizarse "de forma ordenada", adaptada a un entorno internacional "muy cambiante y complejo" y en la que todo los agentes procedan "coordinadamente" y " on los mismos fines", racionalización y centralizacion servicios de forma más coherente. Llegó a pronunciar el verbo "centralizar".
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, agradeció a sus compañeros de gabinete recordando que todos los gobiernos desde UCD han considerado esta ley tan necesaria como "imposible de conseguir".
Desde entonces, constató, el sector exterior ha crecido mucho y han proliferado los sujetos que actúan en el extranjero y los ámbitos de actuación, pero su extensión contrasta con la falta de una normativa que lo regule, toda vez que la última que se aprobó en este sentido data de 1955.
Según dijo, la proliferación de sujetos ha sido "bastante desordenada" hasta llegar a "una situación caótica". Por otra parte, añadió, "se trata de hacer una diplomacia del siglo XXI más que de los primeros años del XIX".
Margallo distinguió entre política, acción y servicio exterior, puntualizando que los dos segundos han de estar sometidos a la primera y que ésta corresponde constitucionalmente al Gobierno. Así, el Consejo de Política Exterior, bajo el mando de su Ministerio, se encargará de "planificar, racionalizar y coordinar" la acción exterior.
Para la planificación, se elaborarán estrategias anuales con un marco referencial a cuatro años, otro plan de cooperación para otros cuatro, la Oficina para la 'Marca España' emitirá informes y se harán evaluaciones periódicas de la eficiencia de la acción exterior.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
De acuerdo con la ley, las comunidades autónomas tendrán obligación de informar al Gobierno central de las visitas oficiales e iniciativas que vayan a emprender en el extranjero, y Exteriores les trasladará en cada caso un informe sobre la situación del país y las directrices de política exterior que tiene establecidas el Ejecutivo para él.
No obstante, Margallo no habló de "centralizar" sino que presentó la iniciativa como una "oferta" a las comunidades autónomas, a cuya disposición el Ministerio pondrá personal diplomático, asesores y contactos para que el viaje resulte exitoso.
"Es ayudar, no controlar", subrayó. "Es una invitación a trabajar juntos para mejorar la eficiencia". Además, se prestará "especial atención" y se elaborará un protocolo para la promoción de las lenguas y culturas cooficiales.
Exteriores también emitirá un informe en el caso de que una comunidad quiera abrir una nueva oficina en el extranjero, y le ofrecerá la alternativa de integrarla en la estatal.
El ministro apuntó que la esta posibilidad sigue el mismo principio que el del Ministerio cuando cierra embajadas poco productivas y las subsume en las representaciones europeas y pronto lo hará en las iberoamericanas.
Por otra parte, las comunidades la podrán aceptar o no, y no se les impondrá ninguna restricción aunque no cumplan el objetivo de déficit presupuestario, como sí reconoció que figuraba en alguno de los borradores descartados de la ley.
"Si una comunidad autónoma prefiere cerrar ambulatorios en lugar de oficinas en el exterior, serán sus votantes quienes juzguen la sapiencia de semejante decisión", emplazó, asegurando que la ley es "un paso más en el reconocimiento del Estado autonómico que no se había hecho hasta ahora".