El Gobierno aprueba que los imputados en un juicio pasen a llamarse 'investigados'

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que renuncia a algunas de las propuestas iniciales más polémicas como la posibilidad de que el Ministerio del Interior interviniera comunicaciones sin autorización judicial. La norma mantiene la fijación de plazos para la instrucción a pesar de la recomendación del Consejo de Estado e incluye la sustitución del actual "imputado" por "investigado".La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que han sido aprobados dos proyectos de ley para modernizar y dar impulso al procedimiento penal, las modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la aprobación de una ley orgánica que complementa a ésta.

La norma se ha visto recortada durante los últimos meses, desde la aprobación del anteproyecto en diciembre y tras las dudas ofrecidas por los órganos consultivos respecto a diferentes cuestiones incluidas inicialmente en el Anteproyecto.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en su informe que la intervención de conversaciones sin el aval de un juez podía no tener "encaje constitucional" por lo que el artículo en el que se recogía fue retirado.

Por su parte, el Consejo de Estado mostró su preocupación por la fijación de plazos para la instrucción y consideró que la correcta indagación de los delitos debe prevalecer sobre la rapidez.Algunos magistrados, molestos con la norma

Finalmente, se ha aprobado un plazo ordinario de seis meses de instrucción ampliable a 18 en causas complejas y que podía prorrogarse hasta los 36 meses a petición del juez instructor.

Algo que algunas asociaciones ya advirtieron que muchos delitos "podrían quedar impunes". Así lo ha expresado este viernes, el presidente de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, que sostiene que "los plazos son una tontería", ya que, a su juicio, los magistardos "no van lentos porque quieran", sino porque "no disponen de los medios suficientes ni se les facilita su labor".

"Poniendo fecha de caducidad en materias judiciales se van a conseguir que se dejen de investigar muchos delitos, como la corrupción", apuntó este representante de magistrados.

Además, el portavoz de la FJI indicó que no es "transcendental" que se sustituya el actual término de "imputado" por el de "investigado" para las primeras fases de los procesos judiciales. A su juicio, lo que aporta el "desprestigio no es el nombre", sino el "el delito por el que se imputa a una persona".

Por otro lado, Gallardo opinó que es "natural" la renuncia en esta reforma a que el Ministerio del Interior pueda intervenir comunicaciones sin autorización judicial, ya que era "inconstitucional" y una "barbaridad".Plazos de investigación

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha indicado en varias ocasiones que ha respetado la opinión de estos órganos de consulta, pese a lo cual los límites a la investigación judicial se mantendrán en el Proyecto que irá mañana al Consejo de Ministros, según fuentes consultadas.

Catalá también ha adelantado que el texto incluirá las mejoras propuestas en lo que se refiere a la denominación de "imputado" para aquella persona inmersa en una investigación judicial. El ministro ha avanzado que la consideración de imputado en esta fase ha sido considerada en muchos casos por la sociedad con absoluta culpabilidad, "cuando no es así", ha aclarado.

El Consejo de Estado señaló que el término es confuso y aconsejó cambiarlo por "investigado" para las primeras fases del proceso. A medida que aumenten los indicios o se consoliden las pruebas contra el acusado, éste pasaría a llamarse "encausado", y si finalmente es culpable se declarará "condenado".

La Lecrim también incluirá normas para de "conexidad" de delitos por las que se generará una instrucción "singular y diferenciada" con la intención de que las sentencias sean dictadas en tiempos más cortos y se eviten los 'macroprocesos'.

Habilitará también una segunda instancia penal, un déficit que ha sido una crítica permanente por parte de organismos internacionales como comités de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisarán las sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales y también se reforzará la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.Mejorará la movilidad de los profesionales del sector sanitario

El Consejo de Ministros también ha acordado este viernes un Real Decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad sobre equivalencias de categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de facilitar la movilidad de profesionales entre unas comunidades y otras.

La norma, que fue anunciado este jueves por el titular del ramo, Alfonso Alonso, tras la constitución del Foro de las Profesiones Sanitarias, representa un "paso importante" para la cohesión de la sanidad pública, ya que actualmente cada servicio autonómico dispone de diferentes categorías profesionales para su personal estatutario.

"Va a ser un paso importante para favorecer la movilidad de los profesionales del SNS entre toda España", defendió el ministro.

Para ello, el Real Decreto establece un catálogo de equivalencias que homogeneiza todas estas categorías de manera que todo el personal estatutario, tanto sanitario como no sanitario, pueda optar a las plazas que queden vacantes en otras comunidades distintas a en la que resida.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha celebrado la medida ya que actualmente "hay mucha diversidad" y se deben buscar "elementos de cohesión y no de separación entre comunidades".

"Parecemos países distintos, es una tarea compleja porque cada comunidad tiene recursos distintos y no pueden compararse, pero debe haber una equivalencia porque si no es un disparate", ha defendido el máximo representante de los médicos, que lamenta que en ocasiones estas diferencias "tienen repercusiones en la calidad de la atención que se presta a los ciudadanos y en recursos humanos".

Este decreto, según ha explicado la vicepresidenta, supone la homologación de 351 categorías profesionales a 131 categorías de referencia, lo que facilita la movilidad.

Además, los concursos de traslado convocados por los distintos servicios de salud deberán cumplir unos criterios básicos como especificar la categoría equivalente, que será la propia en la que se oferten plazas, y la de referencia.

Las convocatorias también cumplirán con la necesaria coordinación interregional, debiendo primar el principio de colaboración entre todos los servicios de salud.

El acceso a las categorías de referencia mediante la participación en un concurso de traslado precisará que el aspirante se encuentre encuadrado, en su categoría de origen, en la especialidad o categoría específica en que se oferten plazas.Mayor control en la contratación temporal irregular

El Gobierno habilitará a los subinspectores de Trabajo y Seguridad Social para que puedan controlar la contratación temporal y verificar si concurren las causas necesarias para justificar este tipo de empleos.

La vicepresidenta ha explicado que este cambio supone la transformación de esta institución en un organismo autónomo.

Entre las medidas que recoge la reforma se incluye la habilitación de los subinspectores para el control del empleo temporal, una labor que hasta ahora sólo hacían los inspectores.

Este cambio habilitará a los 836 subinspectores que hay en España en la actualidad para que puedan controlar este tipo de irregularidades, lo que, según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, supondrá "un salto exponencial" en los índices de transformación de contratos temporales en indefinidos.

Un organismo autónomo

La reforma, que una vez en vigor derogará la actual ley que data del año 1997, configura la Inspección como un organismo autónomo que prestará servicio tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas y que tiene como objetivo establecer un modelo "perdurable, fuerte y moderno", y que "propicie la cohesión territorial".

En este sentido, el anteproyecto mantiene las dos excepciones que existen en la actualidad, que son Cataluña y el País Vasco, que iniciaron el traspaso de la función inspectores en 2010 y 2011, respectivamente. En este caso, desde Empleo aseguran que "se respetan y se mantienen las competencias" de estas comunidades, pero "se refuerza la colaboración".

Una vez entre en vigor la nueva ley, este organismo estará presidido por el titular del Ministerio de Empleo y contará con un Consejo Rector, con presencia de todas las administraciones públicas implicadas y de las comunidades autónomas.

También se establecerán comisiones operativas en cada comunidad autónoma que realizará los planes de objetivos específicos para esa región y que se integrarán posteriormente en el plan global para todo el territorio nacional.

Sáenz de Santamaría ha explicado que "la Inspección de Trabajo afloró en el trienio 2012-2014 un total de 11.343 millones de euros y unos 252.000 empleos, y descubrió más de 103.000 altas ficticias a la Seguridad Social".

Por otro lado, desde el Ministerio de Empleo aportaron datos sobre los casos de fraude en la utilización del contrato a tiempo parcial, en concreto desde que a finales de 2013 se dotó a la Inspección de Trabajo de mejores instrumentos para combatir estos casos.
Desde entonces, la cifra de inspecciones ha aumentado un 127%, hasta alcanzar las 14.431 durante el pasado año. Además, en este 2015 la Inspección pondrá en marcha una campaña específica de control en determinados sectores.

Asimismo, desde el departamento que dirige Fátima Báñez, aportaron las últimas cifras de utilización del buzon contra el fraude que el Ministerio puso en marcha en agosto de 2013. Desde esa fecha, este instrumento ha derivado más de 15.200 inspecciones y ha permitido aflorar más de 3.000 empleos, de los que la mitad han tenido lugar en el último medio año.

El anteproyecto establece además la creación de una oficina nacional de lucha contra el fraude, con presencia también de las administraciones públicas y las comunidades autónomas, que tendrá funciones de detección del fraude y que servirá de enlace con la plataforma europea contra el trabajo no declarado.

En cuanto a la participación de los agentes sociales, que según Empleo también se ve reforzada, se incluirá la creación de un Consejo General que sustituirá a la actual Comisión Consultiva Tripartita, y que tendrá funciones de información, audiencia y consultas.

Asimismo, la reforma recoge la creación de una nueva escala de subinspectores especializados en seguridad y salud laboral para reformar los recursos de lucha contra la siniestralidad; y se establecen garantías de independencia técnica y protección frente a amanazas y coacciones para los miembros de la Inspección.

Colaboración con la Policía

Por otro lado, el anteproyecto recoge la intención de la Inspección de alcanzar marcos de colaboración con determinadas unidades policiales y con otros cuerpos de funcionarios para mejorar la actividad inspectores.

El objetivo es que estas unidades policiales o cuerpos de funcionarios, como la inspección de sanidad, que realizan actuaciones en centros de trabajo, controlen también aspectos relacionados con el empleo. Así, aunque estos cuerpos no levantaría actas de infracción, sí que podrían informar a la Inspección de Trabajo.

Esta reforma no incluye la regulación de la unidad especial contra el fraude en formación, que irá en otra ley con el objetivo de que "actúe de forma inmediata", aunque acabará integrada en el nuevo organismo autónomo.

El objetivo del Gobierno es que el anteproyecto pase por el Consejo Económico y Social (CES) e inicie su tramitación parlamentaria a finales de este mes, para que la reforma entre en vigor en agosto o septiembre "con el mayor consenso parlamentario posible".

La reunión del Consejo de Ministros estuvo presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contará con la asistencia de todos los miembros del Gabinete, a excepción del ministro de Industria, Energía y Turismo, de viaje en Egipto.