El gobierno asturiano ejerce como acusación en el caso que investiga a un ex consejero

Oviedo.- El Gobierno del Principado está personado como acusación particular en la actuación que ha llevado a la detención del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, por su presunta implicación en delitos relacionados con la malversación de caudales públicos, pero desconoce los detalles y el alcance que puede tener este caso, sometido a secreto de sumario.

Iglesias Riopedre, que dimitió de su cargo el pasado 4 de agosto por motivos de salud, fue detenido ayer junto a la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Principado María Jesús Otero, una funcionaria y los propietarios de sendas empresas de materiales de oficina y escolar en Oviedo y Gijón.

Todos ellos declararán hoy como imputados en el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, que está investigando presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales, relacionados con el presunto pago de comisiones en supuestas adjudicaciones irregulares.

La portavoz del Gobierno y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha asegurado hoy en rueda de prensa que desconocen el alcance de las actuaciones, que se encuentran sometidas a secreto de sumario, pero que, en todo caso, el Gobierno asturiano "es el primer interesado en clarificar todo este asunto".

Migoya ha recordado que las cinco detenciones de ayer están vinculadas y suponen "un nuevo paso" en el procedimiento judicial abierto con la funcionaria Marta Renedo a raíz de la denuncia presentada por el Gobierno asturiano el 19 de febrero de 2010.

Esta funcionaria fue acusada de haber imitado la firma del director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, José Alberto Pérez, para adjudicar distintos contratos a una empresa de su propiedad.

La portavoz ha insistido hoy en que los órganos de control de la administración asturiana funcionaron entonces y que, una vez tuvieron conocimiento de esos supuestos hechos ilegales, el Gobierno asturiano actuó de forma "inmediata y contundente" al destituir de forma "fulminante" a la funcionaria y al personarse en el caso como acusación particular "en defensa de los intereses del Principado".

Ha incidido en que desde entonces el Ejecutivo regional ha colaborado con la Justicia "de forma activa" y que ha aportado cuantos documentos o testimonios le ha solicitado.

De igual forma, ha advertido de que "las personas que traicionan la confianza que las administraciones depositan en ellas, deben afrontar las consecuencias y asumir las responsabilidades derivadas de sus actos".

"En un Estado de derecho que funciona y en el que confiamos, los inocentes podrán demostrarlo y los culpables tendrán que pagar por ello", ha incidido la consejera de Administraciones Públicas.

Migoya, que ha señalado que no ha hablado con Riopedre desde su detención, ha evitado hacer valoraciones personales y se ha limitado a negar "con rotundidad" que en el momento de su dimisión se supiera que el consejero estuviese siendo investigado.