El gobierno centralizará juzgados y dará más poder a los fiscales con la reforma del poder judicial

La reforma del Poder Judicial que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy implicará una centralización de los juzgados en las capitales de provincia y un mayor poder para los fiscales, que asumirán tareas de instrucción hasta ahora propias de los jueces. Con estas dos medidas pretende modernizar un sistema organizativo que ahora es propio de "hace dos siglos".
Así lo avanzó el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, durante su participación en una mesa redonda titulada 'La reforma de las instituciones democráticas' en el Campus FAES 2013, los cursos de verano que la fundación del expresidente del Gobierno José María Aznar celebra esta semana en la localidad madrileña de Guadarrama.
Román reconoció que se trata de una "reforma radical" de la administración de Justicia que "sin duda será objeto de polémica" pero aseveró que resulta totalmente necesaria porque los hechos demuestran que el sistena no está respondiendo a las expectativas y que, por lo tanto, necesita un cambio de "estructura en su integridad".
A su juicio, la nueva Ley del Poder Judicial permitirá "acomodar la organización de la Justicia a las exigencias del siglo XXI porque algunas estructuras actuales son propias del siglo XIX". Reconoció, no obstante, que algunos cambios no pueden aplicarse en este momento por el contexto de crisis económica.
Román abogó por "concentrar en la capital de provincia todos los jueces" que actualmente están distribuidos en distintos municipios, lo que facilitaría una "especialización" y contribuiría a una "mayor calidad" del sistema. Reconoció que este cambio sólo se podrá hacer "cuando la situación económica sea mejor" porque la crisis "no permite prescindir de las sedes actuales" de los juzgados y muchos menos sustituirlas "por otras mejores".
El secretario de Estado admitió que esta modificación de la estructura territorial de la Justicia ha desatado un gran enfado entre mucho alcaldes, diputados y senadores que le visitan en el despacho con el temor de que les puedan "quitar su partido judicial" del municipio y trasladarlo a la capital de provincia.
Román esgrimió que los nuevos tiempos exigen también un nuevo perfil de magistrado que esté más especializado y que pueda progresar con facilidad en su carrera cuanto más especializado esté. Pero también abogó por cambiar el reparto de funciones entre los jueces de instrucción y los fiscales para que éstos puedan asumir tareas de la investigación.
Reconoció que el Ministerio de Justicia todavía no ha fijado una posición definitiva en este punto y no lo hará hasta "octubre o noviembre" pero alegó que el fiscal puede asumir tareas hasta ahora propias del juez instructor siempre que se mantenga la figura del "juez de garantías" para conservar cierta igualdad entre ambas.
El secretario de Estado de Justicia dio a entender que este procedimiento mejoraría la rapidez de los sumarios y evitaría que un proceso se alargue durante muchos años, como sucede actualmente con algunos casos de corrupción en los que la persona implicada "sufre una pena de banquillo y su imagen queda dañada de manera irreversible".
En tales casos, advirtió, "da igual que sea absuelto porque la pena se la ha llevado puesta y no hay manera de quitar esa mancha". Si resulta condenado, adujo que "tampoco sirve de forma ejemplarizante" porque el retraso en la instrucción y en el juicio extiende entre la ciudadanía la sensación de que la Justicia no funciona como debería.