El Gobierno de los pobres en Tailandia, trufado de millonarios

  • Millonarios y terratenientes forman el grueso del Gobierno de Tailandia, elevado al poder por el respaldo masivo que sus líderes supieron ganarse de la empobrecida población de las zonas rurales del norte del país para vencer en las elecciones del 3 de julio.

Jordi Calvet

Bangkok, 1 oct.- Millonarios y terratenientes forman el grueso del Gobierno de Tailandia, elevado al poder por el respaldo masivo que sus líderes supieron ganarse de la empobrecida población de las zonas rurales del norte del país para vencer en las elecciones del 3 de julio.

El Puea Thai (De los Tailandeses), liderado por la primera ministra Yingluck Shinawatra, esgrimió un programa populista para arrollar en las urnas al Partido Demócrata, el preferido de las élites de Bangkok que tradicionalmente han regido los destinos del país.

Subir el salario mínimo a 300 bat (7,1 euros) al día era una de sus propuestas estrella, aunque esta corre el riesgo de quedarse en el tintero después de que el ministro de Comercio, Kittiratt Na-Ranong, afirmase en septiembre que el Estado no puede forzar a las empresas privadas a incrementar las pagas.

La modestia de las expectativas de los sectores más deprimidos contrasta con la opulencia de la que goza la clase dirigente y pone de manifiesto la abismal diferencia entre ricos y pobres en una de las economías más desarrolladas del Sudeste de Asia.

Entre los tailandeses que sufren menos para llegar a final de mes están los 36 miembros del Ejecutivo, de los cuales dos de cada tres disponen de un patrimonio de al menos un millón de euros, según la declaración a la Comisión Nacional Anticorrupción que todos los miembros del Gobierno deben presentar cuando se incorporan al Ejecutivo y cuando se retiran.

La primera ministra figura entre los más acaudalados con un patrimonio de 12,8 millones de euros, repartidos en inversiones financieras, propiedades y lujos diversos, como ocho vehículos, una casa con campo de fútbol y siete bolsos Hermès, el más caro de los cuales le costó 8.300 euros.

Además, Yingluck revela en su declaración que su hijo dispone de más de 100.000 euros y que su pareja, Anusorn Amornchat, director general de M Link Asia Corporation, cuenta con unos dos millones más.

Yingluck debutó en política este año después de haber dedicado su vida profesional a la gestión de las compañías familiares, bien como directora de la operadora de telefonía móvil AIS o, hasta hace poco, en calidad de presidenta del grupo de empresas del sector inmobiliario SC Asset Company.

Su riqueza, no obstante, queda lejos de la de su hermano, mentor político y líder en la sombra del Puea Thai, Thaksin Shinawatra, el ex primer ministro derrocado por el golpe de Estado de 2006 y a quien la Corte Suprema confiscó unos mil millones de euros en 2010, más de la mitad de su patrimonio estimado, tras ser acusado de corrupción.

El único que supera a la jefa del Ejecutivo es el ministro de Ciencia y Tecnología, Plodprasop Suraswadi, que tras una vida de burócrata admite haber ahorrado unos bienes por valor de 22,9 millones de euros, la mayoría, en forma de terrenos.

El miembro más modesto del Gabinete es el viceministro de Transporte, Kittisakdi Hathasongkorth, que ha declarado 92.700 euros.

La información presentada a la Comisión también sirve para comprobar que si el poder en Tailandia supone algún tipo de desgaste para quien lo ostenta, las repercusiones difícilmente se muestran en la cartera de los interesados.

Así, el ex primer ministro Abhisit Vejjajiva, del Partido Demócrata, declaró una riqueza de 1,3 millones de euros al dejar el cargo en agosto tras dos años y medio en el Gobierno, casi 100.000 euros más que cuando fue investido.

Una mejora escasa comparada con la de su número dos, el ex viceprimer ministro Suthep Thaugsuban, a quien el tiempo en el cargo le permitió doblar su patrimonio de 0,9 a 2,2 millones de euros.

Tal exhibición de bienestar no deja de sorprender por la gran cantidad de ministros y viceministros que aseguran no poseer ni casa ni coche.

La Comisión Anticorrupción prevé una inhabilitación de cinco años como castigo para los que hagan una declaración patrimonial falsa.

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