El Gobierno dice que corresponde a las Cortes regular las incompatibilidades

La polémica suscitada por los trabajos de asesoría prestados a empresas privadas por el embajador en Londres, Federico Trillo, cuando era diputado en el Congreso, y por el actual parlamentario Vicente Martínez-Pujalte, ha abierto un importante debate que ha destapado opiniones muy diferentes en el Partido Popular.

Algunos, como el presidente de la Cámara Alta, Jesús Posada, se han mostrado partidario de que los parlamentarios se dediquen exclusivamente a su actividad pública. Su opinión es la mayoritaria en el partido. Mientras, otros, como el portavoz, Rafael Hernando, han mostrado su repaldo a Pujalte ya a Trillo y han abogado por ampliar las opciones para combinar la actividad privada con el escaño.

Hoy, en un intento de calmar la situación, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro que corresponde al Poder Legislativo, en referencia directa al Congreso de los Diputados y al Senado, decidir si se endurece el régimen de incompatibilidades para diputados y senadores.

Sáenz de Santamaría manifestó que "es a las cámaras a quien corresponde" restringir el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios y recomendó hacer una reflexión sobre cómo conseguir "que los ciudadanos se sientan atraídos por la política".

"Algunos pensamos que esto de la vida política tiene que ser limitado en el tiempo. Lo que tenemos que regular bien es que eso no se lleve por delante su propia capacidad profesional y su propio prestigio del sector al que pertenece, que muchas veces es tanto o más importante para las personas", dijo.

En su opinión, el dilema es "muy personal" porque, desde su experiencia de haber gestionado un grupo parlamentario como el que tenía el PP la pasada legislatura, es consciente de que "la gente tiene que tomar decisiones" y las circunstancias que se producen son "diferentes".

La vicepresidenta explicó que, con esta reflexión, no quería referirse a los sueldos que reciben los políticos y al posible hecho de que muchos de ellos compaginen su actividad política con otra actividad profesional para obtener un ingreso extra.

Al contrario, indicó que "no es el momento para abrir ese tipo de debate" sobre los salarios públicos a la vista de "los esfuerzos que han hecho los españoles" durante los años de crisis. "Tenemos que trabajar mucho más y recuperar los niveles de recaudación para plantearnos otro tipo de decisiones", concluyó.

En cuanto al Gobierno, subrayó que esta legislatura ha aprobado un nuevo Estatuto del Alto Cargo que, junto al paquete de medidas destinado a luchar contra la corrupción, establece "un nivel muy alto de acceso e incompatibilidades".