El gobierno distribuye seis millones de euros para la reforma de la justicia entre las ccaa con competencias transferidas

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy el acuerdo por el que se formaliza la distribución de un crédito de seis millones de euros destinado a colaborar en la reforma de la Administración de Justicia de las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia.
Según se acordó en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 8 de abril, las comunidades autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar la cantidad percibida a la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita, al impulso de sus herramientas e infraestructuras tecnológicas y a la dotación de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de su organización judicial que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.
Según informa el Gobierno, la concesión de este crédito, incluido en los Presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, viene determinada por un conjunto de circunstancias. En relación a la justicia gratuita, la aprobación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG), que permitió elevar los umbrales de acceso al servicio, supuso un incremento de costes en los gastos de asistencia jurídica en estas comunidades autónomas.
Por otra parte, el necesario impulso de las tecnologías de la información para la mejora de la eficiencia en la Administración de Justicia y el mantenimiento y ampliación de órganos judiciales conllevan unos gastos que precisan financiación.
La distribución entre las comunidades autónomas es la siguiente: Andalucía 1.466.899 euros (24,4%); Aragón 153.607 (2,6%); Asturias 147.808 (2,5%); Canarias 347.594 (5,8%); Cantabria 83.949 (1,4%); Cataluña 1.186.744 (19,8%); Comunidad Valenciana 859.879 (14,3%); Galicia 346.836 (5,8%); La Rioja 39.867 (0,7%); Madrid 1.024.769 (17,1%); Navarra 83.534 (1,4%) y País Vasco 258.513(4,3%).
Los criterios de reparto adoptados para la distribución del crédito han sido: número de expedientes tramitados de asistencia jurídica gratuita en cada comunidad autónoma en 2013; la población de derecho, es decir, el número de personas empadronadas a 1 de enero de 2014; litigiosidad, entendida como el número de asuntos ingresados en juzgados y tribunales en 2013, y planta judicial, número de unidades judiciales a 1 de enero de 2015.