París, 13 jun.- El Gobierno francés propuso hoy un nuevo proyecto de ley contra el acoso sexual que endurece las disposiciones contempladas en el anterior y llena el vacío creado desde que el pasado mayo el Consejo Constitucional anulara el existente por considerarlo impreciso.
El nuevo texto, analizado hoy en el Consejo de Ministros, propone la inscripción en el código penal de una nueva definición del delito de acoso sexual, "que responde a las exigencias constitucionales" y toma en cuenta, de manera más amplia, el conjunto de situaciones en el que puede darse, "para proteger mejor a las víctimas".
La nueva ministra de Justicia, Christiane Taubira, se había marcado como prioridad la elaboración de este proyecto que legisle sobre el acoso sexual, del que anteriormente se contemplaba solo "un nivel de gravedad": acosar a otra persona con el objetivo de obtener favores de naturaleza sexual.
El texto adelantado hoy, según se informó en un comunicado, divide la infracción en tres niveles, castigados con entre uno y tres años de cárcel.
El primero se centra en la imposición a una persona, de manera repetida, de gestos, declaraciones u otro tipo de acciones con connotación sexual que atentan contra su dignidad por su carácter denigrante o humillante.
Los dos segundos, tal y como se detalló en esa nota, detallan el atentado contra la dignidad personal mediante el chantaje para obtener una relación sexual, castigado con tres años de cárcel si proceden de alguien con autoridad sobre la víctima.
El Consejo Constitucional había anulado con carácter inmediato a principios de mayo la ley de 1992 sobre el acoso al estimar que la modificación realizada en 2002 era demasiado imprecisa y daba pie a que fueran condenados penalmente otro tipo de comportamientos.
La consecuencia en la práctica fue el archivo de todos los casos que estuvieran siendo instruidos o pendientes de veredicto, así como la anulación de las penas en los antecedentes de los que hubieran sido condenados.
Para inscribir "lo más rápidamente posible" el nuevo texto en la agenda parlamentaria, este proyecto será examinado por el Senado y posteriormente por la Asamblea Nacional durante el mes de julio, con el objetivo de que lograr su adopción definitiva desde entonces hasta "finales de la sesión extraordinaria del Parlamento".
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