El Gobierno irlandés dice que no instaurará un sistema de "aborto a la carta"

Dublín, 27 nov.- El ministro irlandés de Justicia e Interior, Alan Shatter, reiteró hoy el compromiso del Gobierno para reformar la ley del aborto, pero aseguró que un nuevo marco jurídico no creará un sistema de "aborto a la carta".

Shatter hizo estas afirmaciones en el Parlamento de Dublín, durante un debate de un proyecto de ley del aborto presentado por el Partido Socialista que pretende legalizar la interrupción del embarazo cuando "existe un riesgo real y sustancial para la vida de la madre".

La propuesta, que se debería someter a votación mañana, también aspira a evitar que "cualquier restricción" u "obstáculo" impida que una "embarazada reciba dicho tratamiento", es decir, un aborto cuando su vida corra peligro, explicó hoy la diputada socialista Clare Daly.

Shatter recordó que el Ejecutivo de coalición entre el conservador Fine Gael y el Partido Laborista anunció hoy que acometerá "a principios" del próximo año una reforma de la ley del aborto, después de debatir este asunto con las fuerzas políticas y sociales del país.

"La verdad es que hemos tenido durante tres décadas un marco legal obtuso y disfuncional que necesita una profunda reforma. Sin embargo, el Gobierno no está considerando de manera alguna instaurar un sistema de aborto a la carta", dijo el ministro.

En consecuencia, Shatter pidió a la parlamentaria que paralizase el debate y cancelase la votación del mañana para "no dividir" a la Cámara baja y dar paso la próxima semana a un diálogo en este foro.

El Ejecutivo publicó hoy un informe elaborado por un comité de expertos sobre el aborto en el que se plantea la posibilidad de introducir una nueva legislación sobre una cuestión "complicada y sensible".

El aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre corre peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio, excepciones establecidas por el Tribunal Supremo hace veinte años, pero que nunca han sido refrendadas por los legisladores ni incluidas en la Constitución, por lo que quedan expuestas a interpretación.

El informe propone al Ejecutivo cuatro vías de actuación para cumplir con los requerimientos de las autoridades judiciales irlandesas y europeas.

El texto plantea primero la introducción de directrices o normas orientativas, lo cual no obligaría a reformar la legislación, pero al no ser vinculantes es probable que las autoridades europeas lo consideraran insuficiente.

La aplicación de cualquiera de las otras tres opciones, que pasan por la emisión de órdenes ministeriales, la redacción de una nueva ley o una combinación de órdenes y enmiendas a la legislación vigente, podría provocar los cambios deseados, pero la comisión advierte de que el proceso será largo y complicado.

Este informe fue encargado por el anterior Gobierno después de que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara hace dos años a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer a la que no se permitió abortar, a pesar de que su vida corría peligro.

Su caso es similar al de Savita Halappanavar, de 31 años y embarazada de 17 semanas, quien falleció el pasado 28 de octubre de septicemia en un hospital irlandés, después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto tras alegar que la ley impedía acabar con la vida del feto mientras su corazón latiera, a pesar de que su salud se deterioraba.