El Gobierno irlandés se posicionará sobre ley del aborto a principios de 2013

Dublín, 17 dic.- El primer ministro irlandés, Enda Kenny, aseguró hoy que su Gobierno de coalición entre conservadores y laboristas tomará a principios de 2013 una decisión respecto al camino que seguirá para reformar la actual ley del aborto.

Kenny efectuó estas declaraciones en la cámara baja del Parlamento de Dublín, donde reiteró que los diputados de su partido, el Fine Gael, deberán someterse a la disciplina de la formación si el asunto llega a decidirse en una votación.

El dirigente conservador indicó que no desea tomar decisiones apresuradas, pero tampoco "hacer interminable" el debate sobre una cuestión que ha vuelto con polémica a la agenda del Ejecutivo tras la muerte de Savita Halappanavar, de 31 años y embarazada de 17 semanas.

Halappanavar falleció el pasado 28 de octubre de septicemia en un hospital irlandés, después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto tras alegar que la ley impedía acabar con la vida del feto mientras su corazón latiera, a pesar de que su salud se deterioraba.

El aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre corre peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio, excepciones establecidas por el Tribunal Supremo hace 20 años, pero que nunca han sido refrendadas por los legisladores ni incluidas en la Constitución, por lo que quedan expuestas a interpretación.

En este sentido, la ministra de Asuntos de Infancia, la conservadora Frances Fitzgerald, aseguró hoy que el Ejecutivo acabará con esta incertidumbre legal a través de una reforma de la legislación, lo que, dijo, ningún otro Gobierno ha hecho antes.

La ministra recordó que es necesario acabar con la "apariencia" de que el aborto no existe en Irlanda, pues "unas 4.000 mujeres" de este país se ven obligadas cada a año a viajar al Reino Unido para interrumpir sus embarazos.

Para la esperada reforma de la ley del aborto, el Gobierno cuenta con un informe elaborado por un grupo de expertos que propone cuatro vías de actuación para cumplir con los requerimientos de las autoridades judiciales irlandesas y europeas.

El texto plantea primero la introducción de directrices o normas orientativas, lo cual no obligaría a reformar la legislación, pero al no ser vinculantes es probable que las autoridades europeas lo consideraran insuficiente.

La aplicación de cualquiera de los otras tres opciones, que pasan por la emisión de órdenes ministeriales, la redacción de una nueva ley o una combinación de órdenes y enmiendas a la legislación vigente, podría provocar los cambios deseados, pero la comisión advierte de que el proceso será largo y complicado.

Este informe fue encargado por el anterior Gobierno después de que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara hace dos años a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer a la que no se permitió abortar, a pesar de que su vida, como la de Savita, corría peligro.