Jerusalén, 27 abr.- El Gobierno israelí pidió hoy al Tribunal Supremo que aplace por tres meses la demolición de una colonia judía construida en territorio palestino, con el fin de estudiar su postura sobre el caso y ver la posibilidad de legalizarla.
La petición del ejecutivo, calificada por el diario Haaretz como "fuera de lo común", ha sido presentada a cuatro días del plazo dado por los tribunales para que la colonia de Ulpana sea evacuada y destruida, según una orden judicial del año pasado.
El asentamiento, en el que viven unas treinta familias y que fue construido en 1999 en tierras privadas palestinas, es una expansión de otro más grande, Beit El, argumento que los jueces no consideraron suficiente a la hora de ordenar en su día la demolición.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó en un principio la decisión judicial en nombre de los "principios democráticos", pero las críticas de sus ministros más derechistas y la proximidad de las elecciones le han hecho cambiar de opinión.
El martes su oficina adelantó que pediría un aplazamiento de la orden judicial pero, a diferencia de otros casos parecidos, no con la intención de hacerlo en otro momento sino para encontrar una solución que responda a las demandas de sus ministros y de los colonos, es decir, legalizarla, informa la edición digital del diario Haaretz.
Se trata de cinco inmuebles construidos por los colonos sin autorización del gobierno israelí.
En el territorio palestino ocupado de Cisjordania existen más de 150 asentamientos autorizados por sucesivos gobiernos israelíes en los que viven más de 200.000 personas, y otras decenas, muchos más pequeños que los anteriores, levantados por los colonos de forma unilateral.
Estos últimos están considerados por la justicia israelí "enclaves ilegales", aunque todos sin excepción violan la legislación internacional al haber sido construidos en territorio conquistado por la fuerza militar.
En 2003, al aceptar los principios de la Hoja de Ruta como marco para una negociación con los palestinos, Israel se comprometió ante Estados Unidos a evacuar todos los enclaves que no habían sido autorizados.
El de Ulpana debe ser demolido el 1 de mayo aunque, tras la petición del Gobierno, su caso será nuevamente estudiado por el Tribunal Supremo.
El diario explica que la petición es "problemática" porque rompe las normas establecidas entre esos dos poderes del Estado, y puede "poner en una difícil situación al país".
Pero los asesores del primer ministro quieren velar por los intereses políticos a corto plazo, y la posibilidad de que se celebren elecciones este mismo año, según informa hoy el diario Yediot Aharonot, les ha convencido que no es el momento decisiones contra los colonos.
El pasado sábado, el viceprimer ministro israelí Moshe Yaalon (del partido derechista Likud que lidera Netanyahu) advirtió de que la coalición de Gobierno podría venirse abajo si las treinta familias tienen que abandonar sus casas.
Una crisis de gobierno en estos momentos sería aprovechada por la oposición para criticar la gestión del primer ministro justo antes de los comicios.
La petición al máximo tribunal de Israel coincide también con la legalización de otros enclaves el lunes pasado -Brujín, Rejelim y Sansana-, condenada por los palestinos, Estados Unidos y los principales gobiernos europeos.
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