También poner coto a la subcontratación

El Gobierno ofrece al transporte una ley de precios justos para salvar otra crisis

Esta tarde tendrá lugar una reunión entre el Ministerio de Raquel Sánchez y el Comité Nacional del Transporte por Carretera. El Ejecutivo quiere evitar que el descontento social vuelva en julio a la carretera.

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El Gobierno ofrece al transporte una ley de precios justos para salvar otra crisis.
Carlos Castro/Europa Press

El Gobierno experimentó el pasado domingo tras las elecciones en Andalucía el desgaste que están sufriendo por el frágil escenario económico que el país está atravesando. La tensión social aún no ha inundado las calles como sí ha ocurrido en otros países de Europa, sin embargo, hay un sector en concreto que ya amenaza -de nuevo- con parones y manifestaciones si el Ejecutivo no atiende a sus proclamas para combatir la inflación y la precariedad de su trabajo: los transportistas.

Así, desde el Ministerio de Transportes -dirigido por Raquel Sánchez- buscan la fórmula con la que evitar un capítulo similar al vivido en el pasado mes de marzo, que provocó varias jornadas de tensión que llevó al bloqueo de carreteras, carestía en los supermercados y a un despliegue inédito de convoyes policiales con los que asegurar el suministro. Por ello, la ministra se reunirá este jueves con los que considera sus interlocutores válidos -el Comité Nacional del Transporte por Carretera- para ofrecerles dos acuerdos. Por un lado, una ley de 'precios justos' para que los transportistas no transporten las mercancías a pérdidas, es decir, trabajar por debajo del coste.

Por otro lado, la ministra Sánchez quiere poner coto a la subcontratación. De esta forma, evitar que compañías de transporte -sin una flota de camiones- subcontrate a una empresa que se encarge de contratar a transportistas. Un modelo que va reduciendo el margen de beneficio del conductor final, que, al final, es el que hace el viaje. Ambas medidas están inspiradas en la ley de la cadena alimentaria que ejecutó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas. 

Tras las medidas antiinflación aprobadas por el Ejecutivo -con subvenciones de 20 céntimos el litro de gasolina o una ayuda de 1.200 euros por camión-, Miguel Cánovas, representante de la Plataforma de Defensa del Transporte (que está al margen del Comité), asegura a La Información que "la situación está aún peor -es inaguantable- porque no han solucionado los problemas de base, sino que lo que han puesto ha sido un parche para desactivarnos y avanzar un poco más en nuestra ruina. Yo este mes de junio he trabajado solo la mitad de los días porque no consiento que me paguen lo que me están pagando, pero entre un mes y otro ha aumentado el coste de conducir un camión en 2.500 euros aproximadamente. Ya hay muchos camiones que están parados, la gente no puede continuar".

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Europa Press

Cánovas afirma que "la subcontratatación sigue haciendo de las suyas, seguimos en manos de ladrones consentidos. Si hay un parón en julio, va a ser incluso peor que el del mes de marzo. La gente no tiene nada que perder. La gente está desesperada. Tenemos una asamblea extraordinaria este sábado y domingo para consultarlo con las bases (de la Plataforma). Si aprobamos las movilizaciones, solo quedará por determinar la fecha para comenzarlas. El Ministerio nos dio una fecha límite para llegar a un acuerdo -el 30 de junio-, pero, de momento, no tenemos noticias. Nosotros vamos a respetar la fecha, porque somos gente de palabra -no como los políticos-, pero esto ya es una cuenta atrás".

Para los transportistas hay un asunto primordial por encima de todos: no trabajar por encima del coste. Esta medida es la que -en principio- pondrá sobre la mesa la ministra este jueves a los representantes del Comité Nacional. No obstante, hay otras proclamas, como la "subcontratación abusiva", la jubilación a los 60 años y la anticipada a los 58, reducir los tiempos de carga y descarga, reconocer el accidente laboral en carretera o aumentar la vigilancia en los polígonos para que se eviten robos o destrozos de los camiones".

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran a este periódico que "se llegó a un acuerdo por ley por el que los transportistas podían imputarle el coste de las subidas del precio de los carburantes a los cargadores. A nosotros lo que nos preocupa no es lo que convoquen sino si vuelven a arrastrar descontento como pasó la otra vez. No es una cuestión de cuántas personas puedan movilizar -porque ellos son muy pocos- sino cuánto descontento del sector son capaces de mover. Si captan mucho descontento, tendremos un problema. El problema es que los pequeños camioneros, como siempre, no son capaces de imponerse al cliente e imputarles los costes del carburante, pero como la fuerza suya de negociación es muy pequeña es posible que renuncien a esto con el objetivo de encontrar trabajo".

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