El gobierno recurrirá ante el tc si extremadura paga la extra de navidad a sus funcionarios


El Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá ante el Tribunal Constitucional si la comunidad autónoma de Extremadura consuma su decisión de abonar la paga extra de Navidad a los funcionarios de esta región.
Así lo anunció la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sáenz de Santamaría indicó "con claridad" e "indudablemente" que el Ejecutivo del PP llevará a los tribunales a su compañero de partido José Antonio Monago, presidente de Extremadura, "si se incumpliera una ley básica" que afecta a todos los funcionarios de España.
Monago anunció este jueves que pretende aprovechar los 240 millones de euros que recibirá la Junta de Extremadura tras una sentencia favorable del Tribunal Constitucional para pagar a los funcionarios autonómicos la extra de Navidad que el Gobierno central de Mariano Rajoy suprimió este verano para todos los trabajadores públicos del país.
Sáenz de Santamaría frenó este viernes en seco las aspiraciones de su compañero de partido y le recordó que la supresión de la paga extra forma parte de la legislación básica y ésta "es de aplicación en todo el territorio nacional y debe ser respetada".
A su juicio, los 240 millones de euros que va a cobrar Extremadura deben destinarse a "dedicar el dinero a lo que marque el plan de ajuste de cada comunidad".
IMPUESTO A LOS BANCOS
La vicepresidenta se refirió también a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado pie a la controversia, en la que se autoriza que una comunidad autónoma establezca un tributo a los depósitos bancarios de la región.
El Gobierno de José María Aznar se opuso en su momento a esta decisión, emprendida por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y de la que ahora pretende beneficiarse el popular José Antonio Monago.
Sáenz de Santamaría reconoció que la decisión del TC afecta a la legislación vigente sobre depósitos y transacciones financieras, que está a debate en la UE para tratar de imponer un impuesto.
Señaló que la normativa ha cambiado mucho en los diez años que han transcurrido desde entonces y aseguró, por ello, que debe ser "analizado con todo el respeto" y "examinado a nivel europeo".
"El Gobierno analizará profundamenta la sentencia dictada por el TC y estamos trabajando en posibles avances en la UE", dijo. "Tendremos que analizar cuál es el procedimiento más adecuado para tomar una decisión en coordinación con Europa".

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