El gobierno respeta el proceso judicial contra camps y barberá

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó este viernes su respeto al proceso judicial abierto contra el expresidente de Valencia Francisco Camps y la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, por la posible adjudicación a dedo de contratos al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.
Sáenz de Santamaría afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "hay un órgano judicial" que es el que está investigando lo ocurrido. "Nosotros respetamos, no nos corresponde como gobierno" hablar sobre el asunto, dijo.
La vicepresidenta hizo estas declaraciones justo después de que instructor del 'caso Nóos', el juez José Castro, enviara al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) los indicios hallados contra Camps y Barberá.
El juez indica en la exposición razonada remitida hoy que en la causa hay "indicios racionales" de que Camps y Barberá cometieron delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial.
Castro asegura que el expresidente de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia "adjudicaron a dedo" los contratos con el Instituto Nóos para la celebración del Valencia Summit y de los Juegos Europeos.
Para el magistrado, fueron "actos estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general y sólo al deseo de doblegarse a las exigencias de Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa del Rey".
Urdangarin y Torres consiguieron en Valencia más de cuatro millones de euros por las tres ediciones del Valencia Summit, celebradas entre 2004 y 2006 y presentadas como una cumbre internacional de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos. Además, y también en Valencia, consiguieron 382.204 euros por la creación de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a celebrarse.