El juez Andreu no declarará en el juicio en París a 'Antza' y 'Anboto'

París.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu no declarará como testigo en el juicio ante el Tribunal de lo Criminal de París contra diez etarras o presuntos miembros de la banda, incluidos la pareja de supuestos dirigentes Mikel Albisu, 'Mikel Antza' y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.

Andreu se excusó, en una carta leída hoy durante el proceso de la capital francesa, y dijo que está de servicio el lunes próximo, cuando había sido convocado como testigo a petición de la defensa de los acusados.

Una respuesta similar dio la forense española Leonor Ladrón de Guevara; el abogado Jean-François Blanco había solicitado también su comparecencia como testigo por haber intervenido asimismo en los trámites que siguieron al arresto el 3 de octubre de 2004 de su cliente, Peio Alcantarilla Mozota, capturado cerca de Burgos.

Desde el inicio del juicio el pasado 15 de noviembre, Blanco ha pedido repetidamente la presencia de Andreu y Ladrón de Guevara, a los que quería preguntar sobre las condiciones de detención de Alcantarilla, que ha denunciado ante el Tribunal de lo Criminal de París haber sido objeto de "torturas" por la Guardia Civil.

Los magistrados franceses constataron la negativa del juez y de la forense españoles a trasladarse a París en la fecha que se les había señalado y recordaron que se trata de funcionarios de un país extranjero.

Los abogados de los acusados habían pretendido que se recurriera a la fuerza pública, si fuera necesario, para obligarles a declarar.

El tribunal tampoco dio el visto bueno a la demanda de la defensa para que testificaran 14 miembros de los servicios secretos de la policía francesa y dos periodistas del semanario 'L'Express'.

En este proceso, que termina la semana próxima, Albisu e Iparraguirre están imputados, entre otros cargos, como dirigentes de una organización terrorista cuando fueron arrestados el 3 de octubre de 2004, el primero como jefe político de ETA desde 1992 y la segunda como responsable de las finanzas desde 2000-2001.

Los delitos que pesan contra ambos podrían suponerles una condena de hasta 30 años de cárcel.

De los otros ocho que se sientan en el banquillo (cuatro de los cuales comparecen como detenidos y los otros tres desde la libertad), siete eran propietarios de casas o explotaciones agrarias en el País Vasco francés en las que ETA tenía escondidos arsenales de armas y explosivos.

Al octavo, Juan Cruz Maiza, se le reprocha haber sido el responsable de esos escondites, desmantelados en la operación del 3 de octubre de 2004, una de las mayor dimensión de las llevadas a cabo contra la organización terrorista en Francia.