San Sebastián.- El juez del fraude de la Hacienda de Irun (Guipúzcoa) ha elevado a 2,15 millones de euros el dinero del que presuntamente se apropió José María Bravo en el auto de apertura de juicio oral por este caso, al que hoy ha tenido acceso Efe y en el que deja fuera del proceso a dos de los hasta hoy seis imputados.
El auto fechado ayer y notificado hoy a las partes, imputa al que fuera jefe de la oficina de la Hacienda de Irun, José María Bravo, un total de nueve delitos: alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, y dos más por estafa.
Acusa asimismo a su esposa, Rosa María Cobos, de alzamiento de bienes, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, delito este último por el que también inculpa al socio de Bravo, Pedro María Atristrain.
El documento judicial procesa también al decorador José Lamy por un delito de cohecho, mientras que sobresee provisionalmente las actuaciones respecto a otras dos personas que imputadas durante la instrucción: la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea y el responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias de la Hacienda de Guipúzcoa, Juan Pardo San Gil.
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