El juez que dio origen a la investigación del caso Coslada, que derivó en la detención del jefe de la Policía Local y de un grupo de agentes del municipio madrileño en 2008, Eduardo Torres Cruz, podría recibir una sanción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces estudia la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el pasado 15 de septiembre ordenó anular una sentencia emitida por el magistrado y repetir el juicio que precedió a esa resolución.
En concreto, el TSJM invalidó el fallo que Torres Cruz firmó el pasado 13 de enero desde la Sección Decimo Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a los ocho sicarios que asesinaron en 2008 al abogado Alfonso Díaz Moñuz, conocido por defender habitualmente a narcotraficantes.
Para la Sala Civil y Penal del TSJM, aquella sentencia contenía "numerosasirregularidades en la redacción del objeto del veredicto y una clara ausencia de motivación en el mismo". Según el alto tribunal, estas anomalías son atribuidas directamente al magistrado-presidente que dirigió el juicio con jurado, el citado Torres Cruz, y podrían conllevar "una infracción disciplinaria", cosa que debe dirimir ahora el CGPJ.
Las críticas de alto tribunal madrileño contra la resolución de Torres Cruz se centraron en "deficiencias del objeto del veredicto", que según la Sala Civil y Penal no estaba suficientemente argumentado, y en la falta de motivación del fallo.Puro acto de voluntad
Sobre la primera, el TSJM recuerda que el veredicto del jurado popular no puede ser un mero "puro acto de voluntad de sus miembros, una percepción intuitiva", como aquí ocurre, sino "un proceso intelectual en el que, mediante un discurso racional y por tanto compartible y exteriorizable, se llega a una conclusión, lo cual no tiene lugar en este caso".Sobre la segunda crítica, el tribunal insiste en la "patente insuficiencia de razonamientos" como principal causa de que exista "falta de motivación".
La sanción que el Poder Judicial imponga finalmente al magistrado, si ésta se produce, supondrá un enorme varapalo para el instructor que también inició el proceso contra el jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, y un grupo de agentes del municipio. La causa comenzó hace seis años con una explosiva operación ejecutada por la Policía Nacional y que prácticamente fue retransmitida en directo por todos los medios de comunicación.
La imputación y encarcelación preventiva –precisamente por parte del juez Torres Cruz– de casi una treintena de personas provocó portadas y aperturas de telediarios en todos los periódicos y cadenas de televisión durante varias semanas. Un canal incluso llegó a producir una miniserie sobre lo que supuestamente ocurrió esos días y sobre la historia de presunta corrupción policial que motivó las detenciones. Sin embargo, seis años y diez instructores después, el caso no ha hecho más que desinflarse. Muchos de los delitos se han diluido y apenas queda media docena de imputados.
Fuentes cercanas a algunos de los policías inicialmente imputados por Torres Cruz y luego puestos en libertad tras el archivo de todas las acusaciones que había contra ellos, aseguran que los agentes afectados se muestran atónitos tras la resolución del TSJM, pues ellos también se consideran víctimas del juez, ya que éste les mantuvo en prisión preventiva y luego otros magistrados que le sustituyeron fueron retirando los cargos.
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