El magistrado Elpidio José Silva ha intentado forzar un aplazamiento de su juicio por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al renunciar su abogado por sorpresa a última hora de la sesión de hoy.
El letrado del juez, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha pedido la anulación del juicio pero, ante la negativa de los tres magistrados que componen el tribunal de la Sala Civil y Penal del TSJM, ha presentado su renuncia porque ha "fallado" a su cliente.
"Parece que todo vale", ha lamentado el letrado, que ha reclamado al tribunal que otorgue a Silva un plazo de 10 días para designar un nuevo abogado.
Mientras, el juez ha dicho sentirse "atropellado e indefendido" por las decisiones del tribunal y sus maneras "amenazantes", al tiempo que ha alabado la labor de su letrado y su "óptimos" planteamientos.
La Fiscalía ha denunciado que se trata de un "nuevo fraude de ley" emprendido por el juez, actualmente suspendido de sus funciones, mientras que los abogados de Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, han señalado, respectivamente, que se trata de una "pirueta absolutamente previsible" y un "insulto a la inteligencia".
El tribunal, que se había negado previamente a anular la vista porque, en palabras de su presidente, Arturo Beltrán, es "la más fuerte y rotunda de las resoluciones que se pueden tomar para solucionar un problema" cuando no existen "otras alternativas", ha acordado retomar mañana el juicio para resolver esta cuestión.Mañana se decidirá si se suspende
El tribunal decidirá mañana si suspenden el juicio y si se persona la compañía aseguradora que podría pagar la responsabilidad civil. Poco antes, el tribunal ha rechazado declarar nulo el juicio como había solicitado la defensa y ha incluido como prueba el libro 'La Justicia Desahuciada' de Silva.
El abogado de Silva, que se ha opuesto tajantemente a la inclusión de esta obra en el procedimiento, ha requerido de nuevo tener acceso a los correos electrónicos corporativos de Blesa por ser "fundamentales" para ejercer su derecho de defensa. Todas las acusaciones han negado que este hecho genere indefensión y han añadido que no están relacionados con la causa."No tengo ninguna duda de que dispone de copia de los correos. Su propósito es infamar aun más al ofendido", ha dicho el abogado de Blesa, que ha señalado que las normas procesales tampoco impiden juzgar a "candidatos delincuentes o delincuentes candidatos".
La defensa de Silva también ha invitado al tribunal a estimar sus demandas para evitar que este "marrón" vaya al Tribunal Supremo y, en caso de no ser atendidas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Es la primera vez en la historia judicial española en la que se obliga a un acusado a ir a juicio con una parte declarada secreta", ha remachado.
Por su parte, el fiscal Manuel Moix ha solicitado aportar como prueba varios fragmentos del libro 'La Justicia desahuciada' escrito por Silva, algo a lo que se ha sumado el abogado defensor de Blesa, Carlos Aguilar, al entender que esas páginas acreditan la "patente animadversión" que el juez mantiene hacia su cliente y las "injustificadas" decisiones que llevó a cabo en la instrucción.
Ambas acusaciones, junto con la del exjefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán, han mostrado su oposición a que Silva no sea juzgado por el Tribunal Superior de Justicia ya que cometió los hechos en el ejercicio de sus funciones y a que la compañía aseguradora se persone en este procedimiento.
Tras dar lectura durante más de una hora al escrito de la acusación de la Fiscalía por parte de la secretaria judicial, el tribunal ha permitido a Silva levantarse del banquillo de los acusados, para sentarse junto a su abogado defensor.
El acusado ha pedido ausentarse durante la vista y el tribunal le ha respondido que debe permanecer en la sala hasta que se le pregunte si reconoce los hechos que se le imputan, así como en el turno de última palabra.
El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.
El abogado del exbanquero solicita que sea apartado durante 40 años de la Carrera Judicial y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.
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