El juicio de la "Ciudad del Golf" arranca 6 años después de estallar el caso

Ávila, 22 may.- La Audiencia de Ávila acoge desde mañana, tras cerca de seis años desde que estallara el caso de la "Ciudad del Golf", el juicio contra el alcalde de Las Navas del Marqués (Ávila), Gerardo Pérez; el secretario municipal, Carlos de la Vega, y el promotor de la urbanización, Francisco Gómez, "El Paloma".

Además de los tres acusados, también están citados a declarar durante la jornada de mañana dos testigos y dos peritos.

Las peticiones para Pérez, De la Vega y Gómez son las mismas, ya que la Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación especial, mientras que, como acusación particular, Centaurea pide diez de inhabilitación, los mismos que Ecologistas en Acción, que además pide otros cinco años de prisión por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación genérica.

El apodado como "El Paloma" era el administrador de Residencial Aguas Nuevas, S.A., la empresa con la que pretendía construir una urbanización de 1.600 viviendas, un campo de golf y dos hoteles de lujo en 215 hectáreas de zona protegida.

En sus argumentos, el fiscal señala que al concurso público para enajenar una finca de 215 hectáreas trataba de "dar una apariencia de legalidad, al cumplirse las formalidades externas, pero en el fondo se adoptaba una resolución arbitraria, al firmar unas condiciones económicas que no estaban previstas en la convocatoria".

Desde el punto de vista del ministerio público, la "única finalidad" era "beneficiar a Residencial Aguas Nuevas".

Este juicio responde a una de las dos piezas separadas que continúan adelante en este proceso que se inició en 2006, después de que el TSJ paralizara la tala de miles de árboles a finales de septiembre, antes de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila aceptara la denuncia de los ecologistas, iniciando la investigación.

La Segunda de las piezas separadas se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid contra cinco altos cargos y técnicos de la Junta.

A principios del pasado enero, la Audiencia Provincial vallisoletana reabrió por segunda vez esta segunda causa por la supuesta autoría de un delito de prevaricación administrativa.