El líder de IU, Cayo Lara, propone 45 medidas contra la corrupción

Tal vez sea el penúltimo epígrafe en la hoja de servicios de Cayo Lara como coordinador federal de Izquierda Unida. Su grupo parlamentario ha presentado este lunes una batería de 45 propuestas para frenar "el cáncer de la democracia", que no es otro que la corrupción. Según el dirigente de IU, si estas propuestas estuvieran ya en vigor, los corruptos estarían acorralados, las responsabilidades penales se habrían "acelerado" y el Estado hubiera podido recuperar ya una parte de lo robado.

Con este plan global de 45 medidas, IU no quiere quedarse atrás en la cascada de peticiones de perdón, suspensión de militancias y presentación de medidas anticorrupción presentadas por PP y PSOE durante los últimos días. Las 'tarjetas black' y la operación 'Púnica' han sido una línea roja y las formaciones políticas han movido ficha de acuerdo a su modus operandi. Cayo Lara ha asegurado hoy mismo que "cuando aparece un chorizo (en IU) se le fulmina". La formación expulsó a los tres miembros que hicieron uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, pero además ha querido participar en la presentación de medidas de regeneración.

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Izquierda Plural ve la causa de la corrupción en las deficiencias del modelo productivo español, en referencia a la especulación financiera y urbanística, además del fallo en los controles. El texto presentado este lunes hace un repaso a la situación desde el ámbito internacional, con la complicada situación que dejan los paraísos fiscales, hasta obligaciones de alcaldes y concejales.I. Perseguir los delitos de corrupción

1. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas que establece el Código Penal para los corruptos y los corruptores públicos y privados. Incluir como delitos el soborno ilícito y la financiación irregular de los partidos. Además, la formación de Cayo Lara quiere que los castigos sean mayores cuando se haya aprovechado la existencia de paraísos fiscales.

2. Ampliar hasta a 30 años la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para delitos relacionados con la corrupción.

3. Tramitar con urgencia los expedientes judiciales de cargos públicos.

4. Eliminar la preinscripción de los delitos económicos relacionados con la corrupción.II. Prevención y lucha contra el fraude fiscal

5. Para conseguir una mayor eficacia en la lucha contra el fraude, la Izquierda Plural propone desarrollar la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria.

6. Crear una ley para que la Agencia Tributaria sea la depositaria de las tareas de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales. Se trataría de una medida de auxilio para aliviar la carga de trabajo de la Justicia.

7. Aumentar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de la Agencia Tributaria, el Banco Central de España, la UDEF, la Fiscalía anticorrupción y las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

8. Reforzar la coordinación entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Autonómicas competentes.

9. Dotar a Hacienda de una Policía Fiscal integrada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Vigilancia Aduanera.

10. Tener más en cuenta el patrimonio de las personas físicas y jurídicas e investigar el aumento injustificado de los mismos o cuando no se corresponda con los ingresos declarados.

11. Perseguir a los defraudadores del IVA.

12. Creación de un registro con las personas que poseen billetes de 500 euros.

13. Establecer responsabilidad económica subsidiaria para las entidades financieras que ayuden al blanqueo de capitales o la ocultación de los mismos tanto en España como en el extranjero.

14. Lucha contra los paraísos fiscales. Cayo Lara ha propuesto varias medidas contra esta figura: prohibir a las entidades financieras españolas que tengan sede en países catalogados como paraísos fiscales; no reconocer a las personas jurídicas a las sociedades con origen en paraísos fiscales e impedirles intervenir en el mercado español; gravar cualquier movimiento económico con origen o destino en paraísos con un impuesto del 24%.

15. Elaborar y publicar anualmente un estudio sobre la economía sumergida para debatirlo en las Cortes Generales y en las cámaras autonómicas.III. Medidas de control en los contratos de las Administraciones Públicas.

16. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.

17. Ley de transparencia e información pública. Regulación de la publicidad institucional y del régimen de subvenciones públicas.

18. Todos los documentos relativos a los procedimientos y decisiones de contratación y de urbanismo deben poder consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla.IV. Medidas de control interno y externo de la Contratación pública y de los procedimientos urbanísticos de licencias, recalificación y planteamiento.

19. Reformar la ley de Bases de Régimen Local para que los alcaldes y concejales publiquen sus bienes y patrimonios una vez accedan al cargo y compararlo con el momento en el que abandonen sus funciones públicas.

También se quiere incorporar a la oposición a los procesos de contratación de algunos servicios que ahora son competencia exclusiva del gobierno local. Es decir, que estas decisiones se tomen en el Pleno del Ayuntamiento para que se pueda debatir sobre ellas.

20. Creación de un Registro público de recalificaciones de suelo donde se informe de todas las actuaciones realizadas sobre un terreno en los últimos diez años.

21. Creación de un cuerpo de inspectores externos a las entidades locales para revisar la legalidad de la recalificación de terrenos e intentar reducir la plusvalía privada de estos procesos.

22. Hacienda debería comprobar los datos fiscales y las plusvalías de los procesos urbanísticos.

23. Investigar de forma sistemática a los alcaldes y concejales de urbanismo de las poblaciones con más de 50.000 habitantes o de aquellas que hayan experimentado importantes transformaciones urbanísticas.

24. Que los ciudadanos puedan decidir si se realizan o no algunos procesos urbanísticos en los municipios en los que residen, mediante la recogida de firmas.

25. Dotar a los municipios de una financiación local que les haga independientes económicamente.V. Cargos públicos

26. Establecer baremos salariales en relación a la responsabilidad que conlleva cada cargo. Evitar la acumulación de dietas y realizar retribuciones extra a posteriori de haberse realizado una tarea que las exija. Eliminar los planes privados de pensiones concedidos por el simple hecho de ser un cargo público.

27. Los alcaldes, concejales o funcionarios que participen en cualquier decisión urbanística tendrán que presentar una declaración de conflicto de intereses.

28. Cayo Lara también quiere poner límite a los regalos. Todos aquellos que superen un valor de 200 euros serán rechazados o donados a la institución correspondiente. De aplicarse esta propuesta no de ley, quedaría prohibido recibir cualquier obsequio por parte de un contratista relacionado con la administración a la que pertenece el cargo.

29. Los altos cargos municipales, provinciales o autonómicos relacionados con el urbanismo tendrán que someterse a una ley de Incompatibilidades.

30. Estatuto de los Representantes Locales, con el fin de que los concejales de la oposición puedan fiscalizar y controlar la concesión de licencias o la contratación pública.

31. Dedicación exclusiva y ampliación del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos para los diputados y senadores. Este punto también contempla aumentar las restricciones para dificultar el acceso a puertas giratorias.

32. Renuncia al aforamiento por parte de los miembros del Gobierno y los parlamentarios.

33. Crear una Oficina para regular las incompatibilidades y los conflictos de intereses de los altos cargos.VI. Facilitar la fiscalización, el control y la investigación de las cuentas públicas

34. Otorgar más importancia al Tribunal de Cuentas. Dicho organismo debería poder imponer penas cuando las instituciones pertenecientes al sector público no aprovechen bien los recursos.

35. Reforzar las auditorías y fiscalización en la gestión de los recursos públicos.

36. Reglamentación de los lobbies o grupos de presión, que han de acreditarse en registro público ante las instituciones públicas correspondientes.VII. Campañas electorales

37. Limitar drásticamente el gasto de los partidos políticos en las campañas. La cantidad seleccionada debería hacerse pública.VIII. Partidos políticos

38. Prohibición de las donaciones a partidos políticos, fundaciones y otros organismos independientes por parte de empresas contratadas, especialmente las relacionadas con la construcción. Publicación de este tipo de donaciones para que estén al acceso de cualquier ciudadano.

39. Establecimiento de un Código Ético del cargo público de obligado cumplimiento. Con él, los representantes públicos deberían asumir las responsabilidades políticas que conlleven sus malos actos, es decir dimitir; tendrían que denunciar cualquier tipo de irregularidad cometida por su compañeros y no podrían solidarizarse con los imputados, sino todo lo contrario, estarían obligados a pedir su dimisión en una especie de ostracismo político.IX. Lucha contra el transfuguismo

40-41. Cuando un representante púbilco abandone las siglas con las que concurrió a las elecciones, tendría que estar obligado a abandonar su puesto de representación ciudadana. De este modo, no se podría llegar a formar Gobierno con ninguno de ellos y también se impediría que pudieran formar un nuevo grupo político propio dentro del Ayuntamiento u otra institución.X. Registro o control de lobbies y grupos de presión

42. Creación de un registro obligatorio y que será público de grupos de presión gestionado por el Congreso de los Diputados, al cual será obligatoria la inscripción para todas las personas que quieran entrar en esta cámara en representación de un grupo de presión y con el objetivo de actuar en su nombre.

43. Se incluirá en el registro público de las reunión es que los grupos de presión celebren con miembros de la cámara (donde conste la fecha, el motivo, los
participantes y el interés que se ha tratado) Así mismo, la agenda de reuniones de todos los diputados y diputadas, así como de todos los miembros del gobierno y altos cargos de la Administración, será pública, indicando con qué persona física o jurídica se ven, el día y hora, y el motivo de la reunión.

44. Se elaborará un código de conducta para todos los grupos de presión así como un sistema de control y sanciones en caso de irregularidades.

45.Establecimiento de un periodo de tiempo durante el cual los cargos públicos no pueden ejercer funciones de lobistas en los asuntos que traían cuando ejercían como tales cargos públicos.