El acuerdo se ha logrado en la ponencia de la Comisión de Justicia encargada de la reforma del Código Penal y supondrá que todos los delitos de corrupción en los que estén implicados cargos públicos o funcionarios serán castigados con penas de prisión.
La normativa vigente establece una multa económica e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de entre uno y cuatro años. Cuando entre en vigor el nuevo Código Penal, todos aquellos funcionarios o cargos públicos que se beneficien de cualquier clase de "contrato, asunto, operación o actividad" podría ser castigados también con un periodo de prisión de seis meses a dos años.
La Comisión tiene previsto aprobará la redacción final de la reforma del Código Penal el próximo día 21 de abril, para el día 29 ser votado en el Pleno del Congreso. Después deberá pasar el trámite del Senado.
Corrupción urbanística
También se ha acordado castigar con un año y seis meses a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses a las autoridades y funcionarios que informen favorablemente, a sabiendas de su injusticia, sobre instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, construcción o edificación, que concedan licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanísticas o que silencien infracciones con motivo de inspecciones.
Por otro lado, se incluirán penas de cárcel de hasta dos años para los cargos públicos que influyan en otros para el beneficio económico propio o de un tercero. La legislación actual contempla penas de seis meses a un año.
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