Buenos Aires, 4 jul.- El oficialismo cerró hoy filas en defensa del vicepresidente argentino, Amado Boudou, procesado por presunta corrupción, y respaldó la decisión de la comisión de la Cámara de Diputados que este jueves rechazó la apertura de un juicio político al número dos del Ejecutivo de Cristina Fernández.
"Había ocho presentaciones de juicio político contra Amado Boudou, la Comisión hizo una evaluación de los pedidos y propició el desestimiento 'in limine' (desde el comienzo)", recordó hoy el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, en su rueda de prensa diaria.
"Esa decisión fue tomada conforme lo estipulado por la Constitución Nacional que establece un sistema republicano de gobierno, que implica aceptar la división de poderes y la determinación del rol de cada uno de ellos", remarcó.
Capitanich destacó además el apoyo a Boudou del Partido Justicialista (PJ), cuyo Consejo se reunió este jueves por primera vez desde el nombramiento de su nuevo presidente, Eduardo Fellner.
En un documento, el PJ rechazó el "linchamiento mediático y el intento de aprovechamiento político que la oposición y sectores económicos concentrados realizan sobre la situación judicial" del vicepresidente.
"No se puede someter a juicio político a alguien que está siendo sometido a un proceso judicial, confiamos plenamente en la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario", subrayó Fellner en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo.
En declaraciones a una radio local, el diputado Andrés Larroque, líder de las juventudes kirchneristas, acusó hoy a la oposición de convertir el procesamiento de Boudou en "un show mediático" y de "perder tiempo en discusiones internas" en lugar de "defender la soberanía contra los fondos buitre".
Desde el gubernamental Frente para la Victoria (FpV) surgieron también distintas voces en defensa del vicepresidente argentino, como la del legislador Jorge Landau, quien habló también de "fusilamiento mediático" y pidió esperar a que la situación de Boudou "la esclarezca la Justicia".
El vicepresidente argentino está acusado de haber aceptado, presuntamente, el 70 % de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica en 2010, cuando era ministro de Economía, a cambio de ayudar a la empresa a levantar un pedido de quiebra solicitado por el Fisco por deudas impositivas.
Según el juez Ariel Lijo, Boudou habría actuado junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, y a Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund, empresa que se quedó con la imprenta.
Lijo también procesó a los dueños de Ciccone por supuestamente ofrecer la cesión de acciones a cambio de ser salvados de la quiebra y de pactar contratos con el Estado para imprimir billetes y documentos.
Además procesó a un exjefe de asesores del Fisco que al parecer facilitó un plan de pagos para levantar la quiebra.
Según anticipó el fiscal del caso, Jorge Di Lello, la Justicia argentina no elevará a juicio oral la causa antes de la segunda mitad de 2015.
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