El pacto de toledo aprueba sus recomendaciones sin el apoyo de iu, erc y bng

La comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo aprobó este miércoles con 36 votos a favor y 2 en contra sus recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones.
En el debate previo a la aprobación del texto, todos los portavoces parlamentarios destacaron el trabajo de la comisión que ha logrado cerrar un total de 21 recomendaciones en las que existe un amplio consenso.
Sin embargo, los partidos de la oposición criticaron la actitud del Gobierno, a quien acusaron de interferir en el debate de la comisión.
El portavoz del PP, Tomás Burgos, advirtió de que el Ejecutivo “ha estado a punto de echar por tierra las posibilidades de acuerdo”. Además, subrayó que la propuesta de retrasar a 67 años la edad legal de jubilación “nos ha hecho imposible el acuerdo completo y redondo”.
Sin embargo, el diputado popular destacó que, finalmente, los “esfuerzos” de la comisión han concluido “con un cierto grado de éxito”.
También alertó Burgos sobre la posibilidad de que el Ejecutivo no siga estas recomendaciones y acabe imponiendo su propia reforma. Así, aseveró que “las reformas adecuadas y sostenibles” que son necesarias adoptar para garantizar el futuro del sistema de pensiones “pueden tener acomodo en este documento”.
Sin embargo, añadió que el Gobierno haría un “flaco favor” si desestima las recomendaciones “y se orienta por pistas escarpadas en los próximos meses”.
Por otro lado, avanzó que su formación presentará un voto particular cuando el Pleno del Congreso debata estas recomendaciones en el que quiere “reafirmar la conveniencia de mantener la edad legal de jubilación en los 65 años”.
Por su parte, la diputada del PSOE Isabel López i Chamosa, defendió que todos los grupos parlamentarios “en una parte u otra nos podemos sentir identificados” con estas recomendaciones ya que “nos podemos sentir cómodos y podemos tirar para delante”.
La portavoz socialista sostuvo que su grupo mantiene que es necesario retrasar la edad de jubilación “pero ponemos en valor el consenso, por eso hemos llegado a un acuerdo con las recomendacioens y con ellas el Gobierno seguro que puede llevar a cabo su reforma”.
Sobre el rechazo de IU, ERC y BNG al texto, López i Chamosa aseguró que “en cinco años estarán diciendo no a la reforma que se proponga entonces y sí a las medidas que se proponen hoy”.
Por otro lado, el portavoz de CiU en la comisión, Carles Campuzano, constató que el Ejecutivo tendrá un “problema político” si quiere mantener el retraso de la jubilación a los 67 años ya que “la mayoría de los partidos no somos partidarios” de esta medida, “sobre todo porque es terriblemente ineficaz”.
No obstante, el diputado catalán sí defendió que es “lógico” ampliar “y cuantos más años mejor” el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Para Campuzano, esta medida, que debería tomarse de forma gradual, es la que dota de mayor justicia al sistema y permite subsanar los periodos de baja cotización, como los de los permisos como el de maternidad, los tiempos de desempleo o los años dedicados a formación.
“Cuantos más años se computen, más justicia podemos hacer en función de los esfuerzos de cotización de los trabajadores.
Por último, señaló que el actual sistema de pensiones tiene “inequidades”, como las que se refieren al tratamiento de las mujeres mayores que viven solas, de las personas que han trabajado mucho tiempo pero percibirán una pensión “que nada tiene que ver con ese esfuerzo”, o de los perceptores de pensiones no contributivas.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, criticó el momento elegido por el Gobierno para llevar a cabo la reforma del sistema de pensiones, “coincidiendo con el ejercicio con los presupuestos más austeros de la historia demográfica”. En su opinión, el Ejecutivo debería de haber esperado a que pasase la crisis para ver cómo evoluciona el ciclo económico y defendió que no había urgencia ya que el sistema es “de los más saneados de la UE”.
Por otro lado, apuntó que es un hecho “inédito” que las recomendaciones constaten la falta de acuerdo en un punto concreto, como es el de la edad de jubilación; y apostó por aumentar de forma gradual el número de años cotizados necesarios para percibir el 100% de la pensión.
RECHAZO DE LA IZQUIERDA
Por su parte, los diputados de IU, ERC y BNG reiteraron su rechazo al texto, principalmente porque consideran que las recomendaciones son demasiado generales y dejan libre al Gobierno para adoptar las medidas que quiera bajo el paraguas del Pacto de Toledo.
En este sentido, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, afirmó que no comparte “la sinfonía que hemos compuesto, pero sobre todo la interpretación y la dirección de la sinfonía” que realizará el Gobierno. “Mucho me temo que el Gobierno va a sesgar esta sinfonía para poner el énfasis en la percusión y el viento, y va a dejar la cuerda para un segundo plano”, añadió.
En opinión de Llamazares, el Pacto de Toledo está viviendo “sus horas más bajas de los últimos años” ya que el Gobierno “ha decidido sustituir el Pacto por un dictado” y convierte las recomendaciones en “papel mojado”.
Por su parte, el portavoz de ERC en la comisión, Joan Tardá, criticó que las recomendaciones suponen hacer “un traje al Gobierno” ya que, si quiere, “puede entrar como un elefante en una cacharrería”.
Así, lamentó que el Gobierno “se ha salido con la suya”, ya que ahora dispone de un material, las recomendaciones, “con las que puede dar cobertura a cualquier decreto”.
En cuanto al retraso de la jubilación, Tardá afirmó que sólo contemplan esta medida si se aplica de forma voluntaria.
Por último, la diputada de BNG, Olaia Fernández Davila, denunció que el debate del Pacto de Toledo ha estado “condicionado” por las decisiones que ya ha tomado el Gobierno justificándose en las presiones de los mercados.
La diputada admitió que algunas de las recomendaciones aprobadas “podrían contar con nuestro apoyo, ya que, de llevarse a cabo, serían positivas para el sistema”. Sin embargo, agregó que “estas recomendaciones están condicionadas por los acuerdos previos del Ejecutivo”.
Además, reiteró que su formación no respaldará un documento si no cierra la puerta a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión por encima de los actuales 15 años.