Madrid, 13 jun.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy un informe moderadamente crítico con la reforma del aborto planteada por el Gobierno en el que pide al ejecutivo, entre otros cambios, que no penalice el aborto eugenésico, pero no llega a solicitar la retirada del anteproyecto.
Así, el órgano de gobierno de los jueces ha sacado hoy adelante con diez votos a favor, incluido el de su presidente, Carlos Lesmes, el informe basado en la ponencia de la vocal conservadora Carmen Llombart.
La ponencia más crítica, que pedía la retirada del anteproyecto, firmada por Pilar Sepúlveda, ha sido apoyada únicamente por ocho vocales, la minoría progresista.
Por su lado, Merce Pigem y Enrique Lucas (propuestos por CiU y PNV respectivamente) y Fernando Grande Marlaska (propuesto por el PP), se han abstenido, porque creen que el ejecutivo debería haber esperado para reformar la actual legislación sobre el aborto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la misma.
De este modo, cabe decir que once miembros del CGPJ sobre los veintiuno que lo integran consideran inoportuna o directamente piden la retirada de la reforma, aunque al haber votado hoy de manera dividida no han sumado mayoría suficiente.
Según fuentes del CGPJ, además de su presidente, los vocales que han votado a favor del informe son Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.
En contra del texto han emitido su voto los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
El CGPJ ha celebrado hoy un pleno extraordinario para informar sobre el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, un informe preceptivo pero no vinculante que, después de tres aplazamientos, ha afrontado dividido.
La Comisión Permanente del CGPJ encargó a las vocales Carmen Llombart (conservadora) y Pilar Sepúlveda (progresista) dos ponencias para servir de base al informe citado y sobre esas ponencias ha girado el pleno.
Aunque las ponencias no coincidan en su conjunto y la segunda, la más crítica, no haya logrado imponer sus reproches al anteproyecto, ambas comparten determinados aspectos, de modo que puede decirse que la práctica totalidad de los vocales creen que el ejecutivo debería hacer algunos cambios en su anteproyecto, por ejemplo, la despenalización del aborto eugenésico.
Respecto a este supuesto, el de anomalía fetal incompatible con la vida, el informe definitivo pide que sea legal aunque no se demuestre que esté afectada la salud psíquica de la madre, al entender, en palabras de Llombart, "que en ese caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido".
Asimismo, la ponencia definitivamente aprobada considera suficiente que los informes médicos exigidos por la reforma antes de la interrupción voluntaria del embarazo sean emitidos por dos médicos distintos del que practique el aborto, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro.
El CGPJ aboga además porque la norma garantice que los centros públicos y privados autorizados para la práctica de abortos "dispongan de personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia".
Mercè Pigem y Enrique Lucas se han abstenido porque creen que el ejecutivo debió esperar a la decisión del Constitucional sobre la ley vigente y recomiendan al Gobierno que "se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación".
Otro vocal, Fernando Grande-Marlaska, ha aludido en sus alegaciones que le han llevado a desmarcase de la mayoría conservadora a la que pertenece debido a ser también favorable a esperar a la sentencia del TC por razones de seguridad jurídica.
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