El pp defiende que recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad garantiza la legalidad de los estatutos

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, José Antonio Bermúdez de Castro, defendió este viernes que la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de Estatuto de Autonomía y para sus propuestas de reforma evitará en el futuro que se reproduzcan "situaciones como la que se produjo en el pasado con el Estatuto de Cataluña".
Bermúdez de Castro se expresó en estos términos a través de una nota de prensa después de que PP y PSOE cerraran este jueves en la Cámara Baja un acuerdo, que se materializará en una proposición de ley, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad sobre reformas estatutarias.
El dirigente popular puso en valor “el positivo y relevante” acuerdo alcanzado con el PSOE tras registrarse el jueves una enmienda presentada con este fin por el PP a la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC).
Bermúdez de Castro insistió en que comparte la aspiración de “fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad jurídica y proteger el actual marco constitucional sirviendo a los intereses generales”.
El secretario general del PP en la Cámara Baja resaltó que “al fin y a la postre hay una única soberanía y una única legitimidad que es la que emana de la Constitución y a la que deben someterse todas las normas del ordenamiento jurídico, incluidos los Estatutos de Autonomía”.
Para evitar que se produzcan periodos de incertidumbre por demoras en la resolución por parte del TC, la enmienda presentada por el PP otorga carácter preferente al recurso previo de inconstitucionalidad, que se materializará dentro de los tres días siguientes a su aprobación por las Cortes.
Desde el mismo instante en que se interpone el recurso, se suspenden "automáticamente todos los trámites ulteriores", así como la entrada en vigor de los proyectos de Estatuto o sus propuestas de reforma que constituyan un desafío al marco constitucional. De igual manera, el acuerdo contempla un plazo improrrogable de seis meses para que el TC resuelva, lo que redundará en la seguridad jurídica.