Vitoria, 25 ene.- El borrador del dictamen elaborado por el presidente de la comisión del Parlamento Vasco que ha investigado las tramas de cohecho y espionaje en Álava, Juanjo Agirrezabala (EA), atribuye responsabilidades políticas a destacados exdirigentes del PNV por incurrir en tráfico de influencias e información.
Agirrezabala ha entregado hoy a los grupos políticos el borrador del dictamen, a cuyo contenido ha tenido acceso Efe, que será aprobado en pleno a finales de marzo, una vez que se presenten enmiendas y se vote en comisión.
El borrador, de 68 páginas, analiza las responsabilidades políticas en que incurrieron los cargos públicos en cada una de las cuatro tramas investigadas.
En la primera de ellas, relacionada con presuntas contrataciones irregulares por parte del anterior Departamento de Cultura dirigido por el PNV, se acusa al exdirector de Juventud Javier Sánchez Robles de haberse servido de su cargo para favorecer a las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, ya que dio el visto bueno a facturas sobre las que no consta que existieran trabajos.
También señala como responsable político de estas contrataciones irregulares al exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, a quien se acusa de incurrir en una "falta de control" sobre la actividad del entonces director, Sánchez Robles.
El borrador pone de relieve que en esta investigación no se puede obviar el papel que jugó la Consejería de Cultura, dirigida entonces por el PNV, y la función que tuvieron destacados miembros de este partido en Álava como Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Otxandiano e Iñaki San Juan, todos ellos imputados en el caso.
Esta red "permite suponer la existencia de tráfico de información e influencias" para posibilitar la adjudicación de los contratos, concluye el borrador de dictamen.
En la segunda línea de investigación, la relacionada con el supuesto espionaje a personalidades de la vida política y económica alavesas, limita las responsabilidades a los tres encausados, el exdirigente del PNV Aitor Tellería y los dos ertzainas investigados, ya que el presunto acuerdo de colaboración que mantenía con los agentes para pasarse información, no alcanza al Departamento de Interior ni implica al PNV como partido.
La tercera investigación, centrada en las presuntas contrataciones irregulares en el parque tecnológico de Miñano (Álava), el informe considera que el exdirector de este parque, Alfonso Arriola, y el expresidente de la red vasca de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, fueron los responsables políticos de la contratación de Urbanorma para la compra de terrenos.
En el caso de la adjudicación irregular a la firma Stoa, el presidente de la comisión parlamentaria acusa al exdirector gerente del instituto foral de Bienestar Social Koldo Otxandiano y a la empleada de la red de parques tecnológicos Miren Bilbao, además de Arriola y Sánchez Alegría.
El borrador detalla que en ambos casos se incumplió la legalidad para favorecer los intereses de las dos sociedades mercantiles.
Respecto a la cuarta línea de investigación, sobre presuntas recalificaciones irregulares de suelo rústico en Santurtzi (Bizkaia) por parte de Sprilur, el borrador señala que el excesivo precio pagado es fruto de una "decisión unipersonal" del exdirector de Sprilur Antón Zubiaurre.
El borrador deja claro que todos estos cargos habrían incurrido en responsabilidades políticas y propone una serie de recomendaciones, algo que los grupos políticos estudiarán ahora y presentarán las propuestas y enmiendas que consideren oportunas antes de la aprobación definitiva del dictamen.
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