Barcelona, 27 sep.- El PSC se abstendrá esta tarde en la votación de la resolución conjunta de CiU y ERC, que también votará ICV-EUiA, sobre la consulta de autodeterminación de Cataluña que aprobará el Parlament, dejando la puerta abierta a una consulta que no requiera necesariamente de la autorización del Estado.
Fuentes de la dirección del grupo socialista en la Cámara catalana han explicado a los periodistas que, además, el PSC votará sólo a favor de su propia resolución -y se abstendrá en todas las demás- en la que aboga por un referendo o consulta legal para que Cataluña decida sobre cualquier cambio en el modelo de su encaje con el Estado.
Así el PSC apoya el derecho a decidir, que puede ejercerse en su opinión a través de un referendo autorizado por el Estado o de una consulta que se organice amparada en la ley de consultas de Cataluña que el Parlament podría aprobar en la próxima legislatura.
Tras una reunión de tres horas, el grupo parlamentario del PSC se ha decidido por la abstención, de manera que en la foto final de la votación de esta tarde no quedarán ni del lado de quienes apuestan por la secesión de Cataluña (CiU y ERC), ni junto al PPC, de quienes los socialistas quieren desmarcarse por considerarlos "recentralizadores e inmovilistas".
De este modo, el PSC quedará en medio de dos polos: el secesionista y el autonomista, ya que su bandera para las próximas elecciones será la defensa de una reforma de la Constitución para que España avance hacia un modelo federal.
El PSC votará en bloque esta tarde a pesar de que algunas voces habían pedido la libertad de voto, después de que en el pleno sobre el pacto fiscal el exconseller Ernest Maragall se saltara la disciplina y votara a favor de la propuesta de CiU, ICV-EUiA y ERC.
El debate sobre la autodeterminación ha sido objeto de discusión en el seno del grupo parlamentario socialista, que al final ha consensuado su postura en la defensa del derecho a decidir dentro de un marco legal.
En este sentido, el PSC ha añadido hoy a su resolución inicial la posibilidad de que se consulte a los ciudadanos no sólo a través de un referendo autorizado por el Estado sino también de una consulta que se ampare en la ley catalana de consultas que ya estaba en marcha y que podría ser aprobada en la próxima legislatura.
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