El PSdeG pide que la Agencia Urbanística revise las decisiones municipales

  • Santiago de Compostela.- El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Xaquín Fernández Leiceaga, ha considerado hoy necesario que la Agencia de Protección de la legalidad Urbanística (APLU) abra una investigación de oficio para conocer si las decisiones urbanísticas del ayuntamiento de Gondomar han estado influidas por supuestos sobornos.

El ex concejal de Urbanismo de Gondomar niega su relación con supuestos sobornos
El ex concejal de Urbanismo de Gondomar niega su relación con supuestos sobornos

Santiago de Compostela.- El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Xaquín Fernández Leiceaga, ha considerado hoy necesario que la Agencia de Protección de la legalidad Urbanística (APLU) abra una investigación de oficio para conocer si las decisiones urbanísticas del ayuntamiento de Gondomar han estado influidas por supuestos sobornos.

Dos concejales, uno independiente y otro del PP, grupo en el Gobierno municipal de Gondomar, un arquitecto y la novia de uno de los ediles en ese instante fueron detenidos en 2007 por cobros de supuestas comisiones a cambio de favores urbanísticos.

En la primera jornada del juicio, uno de estos ex concejales, el independiente J.L.M, declaró ayer que los cobros eran a cambio de favores urbanísticos y también para financiar a un nuevo partido municipal, así como al PP.

Cuando comentaba el orden del día del próximo pleno, Xaquín Fernández Leiceaga informó de que su grupo presentará una interpelación sobre las actuaciones de la Agencia de la Legalidad Urbanística.

Los socialistas, dijo, consideran que esta agencia debería iniciar "de inmediato" una actuación de oficio respecto a Gondomar.

Además de la actuación de la justicia, dijo, los socialistas consideran que es preciso esclarecer en qué medida las decisiones urbanísticas de este municipio fueron condicionadas por este caso judicial.

Sobre este mismo asunto, el portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, señaló que el caso de Gondomar pone de manifiesto que no es que haya una manzana podrida, sino que "estaba podrida toda la cesta", ya que había una "trama, en la que participaba el PP, de financiación ilegal", mientras "por el camino a alguien se le pegaban los billetes".

También citó el caso del jefe territorial de Medio Ambiente de Pontevedra, Evaristo Juncal Carreira, quien según el diario El País compagina su actividad empresarial con su condición de funcionario de la Xunta en los últimos 20 años, que le ha llevado incluso a vender empresas a testaferros de narcotraficantes.

Aymerich destacó las "amistades íntimas" de este último con un "sector empresarial como el narcotráfico, todo este tipo de cuestiones en las que aparece el PP por el medio", afirmó el diputado nacionalista, que consideró que Juncal debería ofrecer explicaciones y que la Consellería debería abrir una investigación.

Mientras, el popular Manuel Ruiz Rivas consideró que las palabras del edil ante los tribunales forman parte del derecho a la defensa, al tiempo que insistió en que ha dado argumentos diferentes.

"Debemos dejar a la justicia actuar" hasta que haya una sentencia, dijo Ruiz Rivas, e indicó que el PP "no tiene nada que ver con los actos que comete una persona determinada", al tiempo que manifestó que "no tenemos en absoluto miedo" a la verdad.

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