Toledo, 20 jun.- La decisión del grupo parlamentario socialista de no participar en el debate ni en la votación de una iniciativa presentada por el PP para suprimir los privilegios a los expresidentes de Castilla-La Mancha ha impedido su aprobación en el pleno de las Cortes autonómicas.
El cambio propuesto en la proposición de ley presentada por el PP y debatida hoy en el pleno de las Cortes afectaba a la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, cuya modificación requiere el voto de tres quintos de los diputados, es decir, los 25 del PP y al menos cinco del PSOE.
La proposición planteaba la modificación del artículo 9 de la ley, vigente desde 2003, para suprimir el derecho de los expresidentes a disfrutar, tanto tiempo como hayan ejercido el cargo, de una Secretaría de apoyo (dotada con dos personas), un local, un automóvil del parque móvil de la Junta, un conductor y servicio de seguridad y protección personal.
El único exmandatario que hace uso de esas prerrogativas ha sido José Bono, con un coste para las arcas públicas de 160.000 euros al año, pues su sucesor, José María Barreda, renunció a las mismas.
Todos los diputados socialistas han abandonado el pleno cuando el PP se ha negado a aceptar su propuesta de retirar la iniciativa legal y crear una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo previo, de modo que la iniciativa no ha salido adelante.
El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Martínez Guijarro, ha mostrado previamente la disposición de su grupo a revisar el estatuto de los expresidentes, pero ha pedido al PP la retirada de su iniciativa -tramitada por lectura única y sin posibilidad de presentar enmiendas- para abrir un grupo de trabajo sobre reformas que afectan a "la arquitectura constitucional".
Guijarro ha planteado la posibilidad de abrir esa mesa al resto de partidos políticos y de incluir en sus trabajos la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y del Reglamento de las Cortes autonómicas.
El portavoz parlamentario del PP, Francisco Cañizares, ha rebatido que la propuesta de su grupo afecta sólo a los privilegios de los expresidentes, no a su prestigio ni a su reconocimiento, por lo que ha considerado innecesaria la propuesta socialista.
Cañizares ha recalcado que la medida no va "contra nadie", sino que constituye un gesto de austeridad y ejemplaridad que, además, debe hacerse "con luz y taquígrafos", sin hurtar el debate a los ciudadanos. EFE
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